jueves, junio 20, 2024
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El juez que investiga a Begoña Gómez utiliza una providencia para responder a Sánchez: «Ninguna ley lo impide»

Juan Carlos Peinado ha respondido a la carta de Pedro Sánchez a través de un escrito oficial y le recuerda que no hay ninguna ley que impida continuar con una instrucción en curso por unas elecciones

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Ángela Merino
Ángela Merino
Periodista y comunicadora. | [email protected]

Juan Carlos Peinado, el juez a cargo de la investigación a Begoña Gómez, ha utilizado una providencia —un escrito oficial— para responder a Pedro Sánchez y al resto de miembros del Gobierno que le han criticado. El magistrado recuerda que no hay ninguna ley que impida continuar el curso de una investigación en campaña electoral.

Tras conocer esta semana la citación a Begoña Gómez para acudir a declarar el próximo 5 de julio, Sánchez envió una nueva carta a la ciudadanía. «Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos», afirmó entonces.

Otros miembros del Gobierno también consideran «extraño» que la citación haya llegado solo unos días antes de las elecciones europeas. En cambio, el magistrado señala que «no conoce precepto alguno ni de la Constitución ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni de la Ley Orgánica de régimen electoral general ni de ninguna otra ley que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso«.

Y también le recuerda a Sánchez que «la costumbre, como fuente supletoria de derecho» únicamente se aplica en el ordenamiento jurídico cuando hay ausencia de ley. Y también se acoge a que la Junta Electoral no ha dejado constancia de que alguna persona citada en este procedimiento forme parte del proceso electoral.

Peinado ha recibido críticas de muchos sectores en los últimos días. Por eso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha convocado una reunión extraordinaria para el próximo lunes para analizar si las palabras del Gobierno pueden afectar a la independencia judicial.

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