Este jueves tiene lugar la votación definitiva de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, anticipando su aprobación gracias al respaldo del Gobierno y sus aliados, incluyendo esta vez a Junts. Una vez superada esta etapa, el procedimiento continuará en el Senado, donde, a pesar de la mayoría absoluta del PP que podría prolongar la aprobación final, la cámara no posee la facultad de rechazar la ley, que se espera esté en vigor a más tardar a finales de mayo. Sin embargo, la interpretación y aplicación de la ley recaerá en manos judiciales.
Este avance se da tras la aprobación de la ley por la Comisión de Justicia, fruto del acuerdo entre PSOE, ERC y Junts, que introdujo modificaciones significativas en el texto, alejándose del Código Penal español para alinearse más estrechamente con el derecho europeo. Este cambio busca minimizar la interpretación judicial en delitos de terrorismo y traición, particularmente en casos relacionados con el ‘procès’ y ‘Tsunami Democràtic’, afectando directamente a figuras como Carles Puigdemont.
La propuesta ya había sido debatida y rechazada anteriormente en el Congreso debido a la oposición de Junts, que buscaba garantías de amnistía más amplias. Solo tras la recomendación de la Comisión de Venecia, que avala las amnistías en aras de la reconciliación política, PSOE, ERC y Junts, junto con otros socios del Gobierno, firmaron un acuerdo definitivo el pasado 6 de marzo.
Votación de la ley de amnistía en el Congreso
El proceso de votación se caracteriza por su rigidez, requiriendo el apoyo de al menos 176 diputados, con el Gobierno y sus socios contando actualmente con 179 escaños. La aprobación de esta ley es crucial para la continuidad de la legislatura y el futuro político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ve en la amnistía un paso previo a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.
En el Senado, el PP buscará retrasar lo máximo posible la aprobación de la ley, aunque solo podrán hacerlo por un periodo máximo de dos meses. Una vez aprobada, la implementación de la amnistía dependerá exclusivamente de los jueces. No obstante, el PP contempla la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad, y se espera que el Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, tenga la última palabra.