En el BOJA de este viernes 16 de febrero se ha publicado, tras diez días de espera, el 4º decreto de simplificación administrativa, diez días después de que fuera aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado 6 de febrero tal como narró Estrella Digital desde el Palacio de San Telmo. Este decreto-ley entra en vigor a partir del próximo sábado 17, al día siguiente de su publicación como es habitual en estos casos. Un decreto-ley que se publica justo después de que el PSOE Andalucía, junto al resto de partidos de la oposición, pidiera que fuera proyecto de ley para permitir enmiendas del resto de agrupaciones políticas en el Parlamento de Andalucía.
Tras tres decretos de simplificación administrativa orientados sobre todo a que las empresas puedan potenciar la creación de empleo en Andalucía, este cuarto decreto está más orientado tanto a la ciudadanía a través de una simplificación de trámites como una reordenación interna de la Junta de Andalucía, buscando una mayor rapidez y respuesta tanto entre diferentes consejerías como de cara al ciudadano. Así lo expresaba el consejero de Presidencia, interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Antonio Sanz en la rueda de prensa posterior a aquel Consejo de Gobierno. Sanz recordó que se trata de algo en lo que llevan trabajando toda esta legislatura, desde verano de 2022.
Este decreto de simplificación administrativa queda reflejado en el BOJA mientras el PP, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional, centra sus esfuerzos en presionar al Ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, una semana después del fallecimiento de dos agentes de la Guardia Civil en una situación casi innecesaria con una evidente falta de medios ante el narcotráfico – una falta de medios que desde varios colectivos denuncian que se debe al propio ministerio. También han hecho un llamamiento (casi periódico a estas alturas) contra la amnistía.
En el próximo Pleno del Parlamento de Andalucía, que tendrá lugar el miércoles 21 de febrero, se producirá el debate de convalidación por el Pleno del Parlamento. Los otros grupos pretenden que se tramite como proyecto de ley después de que lo intentaran tramitar como proposición de ley, pero el PP tumbó esa posibilidad haciendo valía de su mayoría absoluta en el Parlamento. Esto mismo puede llevar a que siga adelante como decreto-ley sin permitir la aportación o enmiendas de otros grupos.
Incluso si tuviera que ser como proyecto de ley, saldría adelante sin requerir del resto de partidos dada la mayoría popular. Su tramitación como proyecto de ley retrasaría los plazos de manera notable puesto que conllevaría la creación de una comisión con miembros de cada grupo parlamentario. En este caso se analizarían cada uno de los puntos oportunos y, tratándose de un conjunto de medidas tan extenso, llevaría a que no entrase en vigor hasta mucho más tarde de lo que lo haría como decreto-ley.
Este decreto-ley de simplificación administrativa ocupa unas 612 páginas del BOJA, siendo tan grande que se ha publicado en cuatro partes diferenciadas. La norma al completo, la parte principal del Plan Andalucía Simplifica, consta de unos 277 artículos que a su vez se distribuyen en 14 títulos, 30 disposiciones adicionales, 36 disposiciones transitorias, una derogatoria y 11 disposiciones finales. En total suponen en torno a 450 medidas de simplificación administrativa, con sus respectivas subdivisiones.
PSOE Andalucía, junto a otras formaciones, exige que el decreto de simplificación administrativa se tramite como proyecto de ley
El parlamentario andaluz Josele Aguilar pidió al consejero Sanz que el decreto se tramitase como proyecto de ley para que los diferentes grupos del Parlamento de Andalucía (Grupo Socialista, Vox, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía) pudieran aportar desde sus respectivas perspectivas en un decreto tan importante. También mostraba Aguilar preocupación por los controles por la manera en la que se ha llevado a cabo esta reforma de la administración andaluza, que revisa y reduce varios órganos dentro de la Junta considerados redundantes.
«Cuando se presentó el primer decreto de simplificación administrativa, se hizo mucho hincapié en que en ningún caso la simplificación administrativa iba a suponer un debilitamiento de los controles. Creo que las palabras textuales del señor Moreno Bonilla fueron que los controles quedaban fortalecidos. Me preocupa que esta simplificación administrativa, de la manera en la que se haya hecho, pueda suponer un debilitamiento de los controles. No puede haber simplificación sin esos controles«, pedía Aguilar el pasado jueves 15.
«Señor Sanz, nosotros podemos establecer todas las normas de simplificación que queramos, podemos aligerar los trámites todo lo que queramos, que las cuestiones se deben de resolver en el más breve tiempo posible, pero si no dotamos a la administración de los medios adecuados y necesarios, difícilmente tendremos funcionarios públicos que sean capaces de llevarla a cabo. Permítanos que aportemos en esta norma, que se tramite como proyecto de ley. Va a estar en vigor, pero permita que los grupos parlamentarios la enriquezcamos con aportaciones. Que una norma de este calibre se tramite como proyecto de ley.»
La cuestión reside ahora en si ahora el PSOE Andalucía recurrirá ante el Tribunal Constitucional, al no haberse tramitado como proyecto de ley. El propio Aguilar, como portavoz adjunto y secretario de Comunicación Política del PSOE Andalucía, cree que se trata de una ‘cacicada’ del PP Andalucía y de Juanma Moreno.
«Esta norma nos crea una alarma por razones de contenido y de forma. En cuanto al contenido, cuando el presidente Moreno Bonilla anunció el primer decreto, dejó muy claro que se mantenían los robustos controles. Sin embargo, en este cuarto decreto, lo hizo anunciando que se producía una desregulación. Ayer mismo, el portavoz del PP calificó este decreto como un ‘pelotazo’ y a los socialistas nos preocupa que se convierta en el decreto de los ‘pelotazos‘.»
«Vamos a exigir en el Parlamento que este decreto-ley se tramite, como también permite el Estatuto de Autonomía, como un proyecto de ley con las debidas garantías, análisis, comparecencia de los agentes sociales afectados en el Parlamento para que puedan opinar y valorar. Por tanto, les anuncio que si este decreto-ley no permite que se tramite como proyecto de ley, el Grupo Socialista no la va a apoyar«, añadió Aguilar.