lunes, febrero 26, 2024
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El Ministerio de Justicia solicita un informe sobre los indultos en el caso ERE a la Audiencia Provincial de Sevilla

La ministra Pilar Llop ha recordado que "mientras el Gobierno está en funciones no se pueden conceder indultos"

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El Ministerio de Justicia ha requerido a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla un informe sobre las solicitudes de indulto presentadas por los ex altos cargos socialistas condenados en el caso de los ERE de Andalucía. La petición, que afecta a nueve condenados, busca llevar a cabo la tramitación adecuada de los indultos y ha sido confirmada por el Ejecutivo central.

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La ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró que este procedimiento sigue las normativas estándar y no tiene nada de extraordinario. Añadió que las peticiones de indulto están en una fase judicial que continuará su tramitación de manera ordinaria, destacando que todos los indultos se procesan de la misma manera. Además, subrayó que durante un gobierno en funciones no se pueden conceder indultos.

Entre los solicitantes de indulto se encuentran José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, y otros ex altos cargos. La Audiencia Provincial de Sevilla ha recibido la solicitud y ha iniciado un análisis de la situación de los condenados por la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo.

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Paralelamente, los condenados buscan evitar el cumplimiento de sus penas a través del Tribunal Constitucional. Actualmente, solo seis de los doce condenados están en prisión. El Constitucional rechazó recientemente medidas cautelares para suspender las penas de prisión mientras se resuelve sobre el fondo del asunto. Quedan por resolver doce recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional presentados por los condenados, alegando la supuesta vulneración de derechos fundamentales.

La sentencia del Tribunal Supremo, emitida en julio del año pasado, sostiene que el Gobierno andaluz creó un sistema de ayudas que eludió el control administrativo sobre el dinero público, sustrayendo hasta 680 millones de euros de fondos públicos de forma discrecional y al margen de la legalidad.

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