El partido PSOE ha obtenido el respaldo de la Fiscalía en su petición ante el Tribunal Supremo para revisar alrededor de 30.000 votos nulos registrados en la circunscripción de Madrid durante las elecciones generales del 23J. Esta acción busca aclarar cualquier incertidumbre sobre la voluntad de los votantes dada la estrecha diferencia en los resultados.
Diversos medios de comunicación revelaron detalles de un documento de la Fiscalía en el que respaldan el recurso del PSOE, que había sido previamente negado por la Junta Electoral Central. La propuesta busca anular la proclamación de Carlos García Adanero, diputado número 16 del PP por Madrid, tras los resultados del voto exterior y pide una revisión meticulosa de los votos nulos.
La insistencia en esta revisión radica en la primacía de descubrir la verdad objetiva, destacando que la verdadera intención de los votantes debe ser priorizada por encima de otras consideraciones. Ricardo González Cerrón, fiscal del caso, indicó que, debido a que la diferencia para la adjudicación del último escaño es de aproximadamente 1.340 votos, esta revisión podría influir significativamente en los resultados finales. La principal preocupación es proteger y honrar el derecho a la participación política de los ciudadanos.
González Cerrón también señaló que no es necesario detectar irregularidades evidencias para solicitar una revisión de los votos nulos. El estrecho margen en la asignación del último escaño podría justificar el proceso.
A raíz del conflicto que incluía el voto exterior, el PP había ganado un escaño adicional, con un total de 137 escaños, mientras que el PSOE se quedó con 121. La Fiscalía sugiere que no reconocer la revisión podría comprometer la integridad del proceso electoral.
El PSOE ha argumentado, basándose en decisiones previas del Tribunal Constitucional, que tienen el derecho a revisar los votos nulos. Según ellos, las solicitudes de revisión deben ser consideradas durante el escrutinio general. El partido enfatizó la necesidad de revisar esos votos para determinar con certeza si han obtenido 121 o 122 escaños en el Congreso.
En resumen, la disputa se centra en la interpretación y aplicación adecuada de la ley electoral y la necesidad de garantizar que la voluntad de los votantes se refleje correctamente en los resultados finales.