El polvorín de las viejas heridas internas no cicatrizadas se agita dentro del Partido Popular. La sucesión que fue tranquila en las formas y que condujo a una retirada de la primera línea de Pablo Casado y su mano derecha, Teodoro García Egea, se ha revuelto en la última semana a costa del fenomenal lío interno generado dentro del partido a costa del documento que firmaron en octubre García Egea y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para reformar la ley del Poder Judicial. Alberto Núñez Feijóo se ha desentendido por completo de lo firmado y ha acusado a la anterior dirección y a Casado de no haber comunicado nada al respecto en el traspaso de poderes que efectuaron en Génova 13. Pablo Montesinos, exvicesecretario de Casado, niega la mayor y asegura que Feijóo miente.
“Se dio traspaso de las cuestiones judiciales por parte de los actores implicados, incluido todo el tema del Poder Judicial”, ha declarado Montesinos en una conversación con el diario El País. Desde que ese periódico publicó el pasado martes el documento suscrito entre el Gobierno y el antiguo Partido Popular, en el PP se han revuelto todas las aguas. Sin quedar claro si miembros de la actual dirección, como Cuca Gamarra, que lo era también del equipo de Casado, conocían o no conocían lo suscrito.
Es la primera vez desde marzo, desde la caída estrepitosa de Pablo Casado a cuenta de su guerra interna con Isabel Díaz Ayuso, que salta a los medios de comunicación las tiranteces que aún perviven de esa batalla interna.
El propio Feijóo aseguró este jueves que no conocía el documento del acuerdo publicado pese a que su negociador para este asunto, Esteban González Pons, sí había reconocido anteriormente que él sí lo había visto. Feijóo fue más allá y acusó a Casado y a García Egea de firmar un pacto que desconocía la cúpula del partido. “Lo que me han referido miembros del comité de dirección anterior es que en ninguno se habló de ninguna cuestión firmada entre el ministro y el secretario general del PP”, dijo en declaraciones a los medios de comunicación en Porto do Son (A Coruña). “Cuando despaché con Casado el traspaso de poderes, en ningún caso me dio ningún documento ni me concretó ningún acuerdo”.
Las acusaciones son de alto calibre pues insinúan que Casado y su entonces secretario general cocinaron un pacto con el Ejecutivo a espaldas de los ‘populares’ y lo ocultaron al nuevo líder del PP en el traspaso de poderes del uno al otro. De momento, ni García Egea ni Casado han querido recoger el guante y salir públicamente a desmentir al actual líder del PP pero es evidente que, internamente, el malestar es notorio, como se deduce de las declaraciones de Pablo Montesinos. El que fuera su responsable de comunicación fue, hasta el final, uno de los pocos diputados fieles a Casado cuando el resto de los parlamentarios del grupo fue quitándole el apoyo y dejándolo caer.
En declaraciones a La Sexta, Montesino ha apuntado directamente a la portavoz del PP en el Congreso y secretaria general de Feijóo, Cuca Gamarra. “A mí me consta que hubo comunicación entre la dirección anterior del partido, entre la secretaría general y nuestro responsable de justicia, y los nuevos responsables de la materia. Y luego, vamos a ver, la portavoz parlamentaria no ha cambiado. Cuca Gamarra era portavoz con Pablo Casado y es portavoz con Feijóo”. Gamarra, sin embargo, se mantiene
El Consejo General del Poder Judicial lleva tres años bloqueado y sin renovarse por la negativa del PP a cerrar un acuerdo global con el Gobierno. La no renovación del Poder Judicial complicaba también el nombramiento de nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional, lo que llevó al Gobierno a modificar por su cuenta la ley del CGPJ para que, aún en funciones, puedan nombrar candidatos para el Alto Tribunal.
Acordaron modificar las atribuciones del CGPJ
El texto de aquel acuerdo de octubre de 2021 decía: “El PSOE y el PP” han “alcanzado” un acuerdo para que ambos grupos parlamentarios presenten conjuntamente una proposición de “reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para el desbloqueo del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional causado por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial” después de “la elección por las Cámaras de todos los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia Española de Protección de Datos” [el acuerdo sobre esta última institución se anuló posteriormente].
Esa proposición de ley consistía en la introducción de un artículo por el que se modificaban las atribuciones del CGPJ en funciones, como se encuentra en la actualidad, después de tres años de bloqueo del PP: “Cuando, por no haberse producido su renovación en el plazo legalmente previsto, el CGPJ entre en funciones según lo previsto en el apartado 2 del artículo 570, la actividad del mismo se limitará a la realización de las siguientes funciones: 1ª Proponer el nombramiento de dos Magistrados del Tribunal Constitucional, en los términos previstos por el artículo 599 de esta Ley Orgánica”.