El espionaje al independentismo con Pegasus, un programa solo al alcance de gobiernos, pone en jaque la mayoría de Pedro Sánchez en el Congreso en vísperas de la votación, mañana, del decreto de medidas económicas que incluye más de 6.000 millones de euros
en ayudas a varios sectores y bajadas de impuestos.
El Ejecutivo confía en que ERC al menos se abstenga; de lo contrario, el PP será clave. Pero cada vez es mayor la distancia con los republicanos, que piden cabezas políticas por las presuntas intromisiones en los móviles de 63 políticos independentistas, así como cambiar la ley del CNI que impide al Gobierno dar explicaciones públicas.
La Generalitat, presidida por ERC, ha anunciado, además, que prevé impulsar acciones políticas y jurídicas para saber quién ordenó la vigilancia masiva y ha suspendido la mesa de diálogo. Podemos y varios socios del Ejecutivo, entre ellos ERC, EH Bildu, Junts y el BNG, suscribieron ayer una declaración que señala a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como responsable. Robles no reconoció la validez del informe en el que se basan las acusaciones