martes, mayo 28, 2024
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Las residencias, pendientes de que Sanidad autorice hacer test cada lunes

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En el último Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, celebrado el 9 de diciembre, se aprobó solicitar por unanimidad al Ministerio de Sanidad que evalúe la realización de esos test rápidos semanales a todo el personal de los centros «de acuerdo con las capacidades del sistema de salud», según han explicado fuentes de ese departamento.

Otro de los acuerdos entre los responsables de servicios sociales de las comunidades y el Gobierno es la elaboración de una estadística semanal pública sobre la situación de los centros residenciales, asuntos de los que harán seguimiento en una próxima reunión prevista para antes de Navidad.

Esta estadística, que se publicará mientras dure la situación de pandemia, se confeccionará a partir de datos agregados compartidos por las comunidades sobre la situación de los centros residenciales de su territorio.

Incluirá semanalmente la situación de residentes, la plantilla que trabaja y la que está de baja y los fallecimientos y sus causas, entre otros asuntos que evalúa estos días una comisión delegada.

Actualmente, no existe un censo homogéneo en todo el país para conocer de forma completa el número de centros sociales residenciales, sus características y dotaciones, las personas que residen en ellos y sus características y el personal que les atiende.

Por ello, administraciones central y regionales coinciden en la utilidad de crear ese censo, sobre todo en el proceso de preparación de la campaña de la vacunación frente a la COVID-19, añaden las fuentes.

Desde la Secretaría de Estado se propone la utilización de una aplicación informática que ya se encuentra disponible y que permitiría, con la colaboración de las comunidades, completar este censo con mucha rapidez a partir de la información facilitada directamente por los propios centros residenciales.

Además, consejeros y vicepresidencia de Derechos Sociales trabajan en la elaboración de criterios comunes mínimos para asegurar que las limitaciones a las visitas o la movilidad de los residentes sean compatibles con los objetivos sanitarios y sociales, pero también con la humanización de los cuidados. 

 

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