Así se establece en el «Protocolo de actuación ante posibles casos importados de COVID-19 en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular», elaborado por la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
«Las cuarentenas y aislamientos de positivos y de quienes hayan mantenido contacto estrecho es una competencia sanitaria y como tal delegada a las comunidades autónomas», precisa la Secretaría de Estado, que incide en que «no debe establecerse diferenciación por tratarse de población migrante».
El ministerio que dirige José Luis Escrivá ha aclarado que los centros que gestiona el Gobierno sólo pueden garantizar soluciones habitacionales y de intervención social a las personas sanas.
En el protocolo de Migraciones se destaca que los migrantes que llegan a España en patera o por la frontera terrestre de Ceuta o Melilla son una población especialmente vulnerable al coronavirus, ya que en su viaje se ven sometidos a condiciones de hacinamiento y precariedad, por lo que es importante detectar los casos positivos de forma precoz.
«Estas especiales características del hecho migratorio irregular pueden llegar a determinar la necesidad de adoptar particulares medidas de carácter sanitario respecto de otros grupos de población», como la imposición de cuarentenas o confinamientos obligatorios con autorización judicial.
También son las comunidades autónomas las competentes, continúa el protocolo, a la hora de detectar los casos y hacer un rastreo de los positivos.
El protocolo obliga a hacer un triaje a los migrantes a su llegada, realizarles una prueba diagnóstica y aislar a quienes sean positivos y poner en cuarentena a los que hayan tenido un contacto estrecho con un caso.
Además, recomienda que todos los migrantes en situación irregular guarden una cuarentena de 14 días a su llegada a España, que puede limitarse a nueve cuando la prueba resulte negativa.
«En todos estos casos corresponderá a la autoridad sanitaria autonómica disponer de sus propias capacidades de acogida para casos positivos, aislados o cuarentena», insiste el protocolo.
Sin embargo, desde el ministerio han añadido que «el Gobierno siempre está dispuesto a cooperar con las comunidades autónomas que pudieran verse más expuestas a la llegada de la inmigración irregular».
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