Según los últimos datos del CSN, referidos a una inspección en la central burgalesa realizada el pasado marzo para comprobar la aplicación de medidas de protección radiológicas, se desprenden irregularidades en las dosis de radiación recibidas, tanto a nivel individual como colectivas, de los trabajadores.
Así apunta que el «indicador dosis oficial máxima individual no es coherente con el valor de nivel administrativo de dosis».
Ante esta situación, «se exigen reestimaciones contantes de los objetivos de dosis de trabajo y de los anuales operacionales de la instalación».
El acta del regulador atómico relativa a la «Inspección para comprobar la aplicación de medidas para la protección ocupacional (…) en la situación actual de cese definitivo de la explotación de la central», señala que, para establecer los criterios de garantía radiológicos, desde la última inspección el titular ha realizado diez reuniones extraordinarias: cuatro en 2017, tres en 2018 y otras tres en 2019 hasta auditoría del pasado marzo.
En las actas del comité «Alara» -donde se aprueban o revisan los objetivos de dosis- «no se recogen objetivos para la dosis máxima individual anual y no hay aprobación del objetivo de dosis individual por parte del director».
ALARA es el acrónimo en inglés de «As Low As Reasonably Achievable», es decir, «tan bajo como sea razonablemente alcanzable», uno de los principios básicos para establecer cualquier medida de seguridad radiológica.
El acta del CSN incide también en la «necesidad de renovación de la señalización de zona controlada de permanencia limitada, debido a que es difícil distinguir los riesgos de contaminación y/o radiación».
La central burgalesa de Garoña no tiene actividad desde diciembre del año 2012 y su clausura definitiva se produjo el 1 de agosto de 2017, desde esa fecha se encuentra en fase de pre-desmantelamiento hasta que arranque, previsiblemente en 2021, la fase de demolición.
Estrella Digital