Sindicatos de todo el mundo han empezado a enviar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cartas exigiendo la retirada de la «ofensiva penal» contra el derecho constitucional a la huelga, a través de la detención y procesamiento de participantes en diferentes paros.
Según informa UGT en un comunicado, las misivas se están enviando con copia a los ministros de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y Empleo, Fátima Báñez, al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
Según concreta UGT, ya son 25 organizaciones sindicales de 17 países las que han hecho llegar estas misivas en las que apoyan la campaña de UGT y CCOO contra los procesos abiertos contra centenares de sindicalistas y en favor del derecho a la huelga y a la libertad sindical. En total son 81 los procesos abiertos y más de 260 sindicalistas imputados.
En las misivas, hacen constar su preocupación y la de sus trabajadores por «los ataques producidos en España contra los trabajadores que han participado legítimamente en las huelgas convocadas por las organizaciones sindicales españolas contra las reformas laborales o los recortes sociales».
El sindicato recalca que el derecho a la huelga está reconocido en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; y en alguna de las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Así, los sindicatos acusan al Ejecutivo de «gobernar de una forma autoritaria y caracterizada por la restricción de los derechos y libertades de la ciudadanía española».