jueves, abril 18, 2024
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El Tribunal Supremo confirma las multas a IBM y Atos por pactar precios

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A finales de 2023, la Audiencia Nacional confirmó las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a cinco de las 11 empresas que conformaban un cártel de servicios informáticos. Entre ellas estaban IBM y Atos.

Ambas compañías decidieron interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, pero este ha sido inadmitido a trámite, por lo que la multa impuesta por la Audiencia Nacional queda ratificada. 

Un cártel que pactaba precios para encarecer la contratación pública

En 2016, la CNMC inició un proceso contra Indra, Atos, IBM, Gesein y Accenture, entre otras, por entender que las mismas habían formado un cártel de servicios informáticos a la Administración Pública. 

La investigación se extendió hasta 2018, y en ella se supervisaron las acciones desarrolladas entre 2005 y 2015. Como consecuencia, hasta 11 empresas fueron multadas por haber intercambiado información sensible y pactar tanto las condiciones comerciales como los precios para trabajar con la Administración Pública.

La investigación de la CNMC llegó a la conclusión de que este cártel había operado en todo el territorio nacional durante 15 años, ofreciendo precios que estaban previamente pactados y, por tanto, atentaban contra la libertad de mercado y la libre competencia.

La CNMC impuso sanciones por valor de 29,9 millones de euros. Sanciones que fueron recurridas en su momento por Indra, Atos, IBM, Gesein y Accenture. 

También fueron sancionadas por la CNMC, SAG España con 6 millones de euros, Connectis ICT Services con 1,8 millones, Everis Spain con 800.000 euros, Babel Sistemas de Información con 633.917 euros, Cibernos Consulting con 616.038 euros, Gesein con 320.969 euros y Next Computer Services con 46.760 euros.

El año pasado, la Audiencia Nacional confirmó las multas de 13,5 millones de euros a Indra, 5 millones a Atos, 940.000 euros a IBM, 320.969 euros a Gesein y 300.000 euros a Accenture. Al entender que los hechos cometidos eran especialmente graves. Esta sentencia era recurrible ante el Tribunal Supremo, y tanto IBM como Atos decidieron acudir al alto tribunal, pero este ha inadmitido sus recursos y la sentencia de la Audiencia Nacional es ahora firme.

¿Cómo actuaba el cártel?

Además de pactar precios y condiciones comerciales, la CNMC descubrió que las empresas implicadas pactaban con otras su no presentación a las licitaciones públicas, a cambio de determinados favores.

Estas conductas impactaron directamente en los procedimientos de contratación pública llevados a través de la creación de Uniones Temporales de Empresas instrumentales. Dando lugar a la subcontratación preferente de determinadas empresas, a las que se aseguraba un porcentaje mínimo de facturación y unas condiciones más ventajosas que a otras, a cambio de que no participasen de forma directa en las licitaciones.

La sanción más grave impuesta por estas conductas, de 1,8 millones de euros, se impuso a Connectis. Pero la Audiencia Nacional confirmó en su momento que esta no tenía que abonar la multa, porque se le había notificado un día tarde. Hecho que la propia CNMC había reconocido.

En la mayoría de los casos, las sanciones impuestas fueron de importe inferior al máximo permitido, que puede llegar a ser de hasta el 10% del volumen de negocio de la compañía en el ejercicio precedente. En este caso, al ejercicio de 2017, puesto que las multas se impusieron en 2018.

En términos de porcentaje, la empresa más perjudicada fue SAG, cuya multa ascendió a un 8% de su volumen de negocio en 2017. Mientras que la más beneficiada fue Accenture, cuya sanción apenas representaba el 0,03% de su facturación de 2017.

Las elevadas multas a Indra y SAG, se fundamentaron por parte de la CNMC en que estas eran las instigadoras de la trama.

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