Entre los meses de enero y abril las insolvencias empresariales aumentaron un 23,7% en comparación interanual, según se desprende del informe elaborado por Solunion.
Los valores registrados son similares a los que se produjeron en el primer cuatrimestre de los años 2018 y 2019, antes de la pandemia. Pero se mantienen por debajo de los registrados entre enero y abril de 2021 y 2022, cuando el fin de la moratoria concursal y de las ayudas relacionadas con la pandemia dispararon las insolvencias.
Las empresas más afectadas
Los concursos de acreedores disminuyeron un 12% en enero de este año en comparación con los datos del primer mes del año pasado, pero en febrero hubo un repunte que llevó a un incremento del 128% con respecto a febrero de 2023. En marzo, el aumento fue del 45% en comparación interanual, y en abril se registró un descenso del 10,4%.
En total, durante los primeros cuatro meses del año se iniciaron 1.620 concursos de acreedores ante los tribunales españoles. El 88% de estos procesos afectaron de forma directa a empresas y microempresas.
Por regiones, la mayor parte de concursos se han presentado en Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía. Solo se aprecia un descenso interanual de las insolvencias empresariales en Aragón, Canarias y Valencia.
Los sectores de actividad que han experimentado un mayor incremento de los concursos en los cuatro primeros meses del año son el de maquinaria y bienes de equipo, el de la agroalimentación, el del papel y el de las telecomunicaciones y ordenadores.
El sector servicios logró cerrar 2023 con un descenso de las insolvencias del 34% con respecto a 2022, pero ha comenzado el año con datos de crecimiento. Entre enero y abril se han registrado 439 insolvencias de empresas de servicios, que suponen un 16% más que las contabilizadas durante el período de enero a abril del año pasado.
Más insolvencias entre las personas físicas
Según el informe elaborado por el Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas de España, de los 20.666 concursos de acreedores iniciados en 2023, un 78% fueron de personas físicas y autónomos. Las insolvencias empresariales representaron el 22% de los concursos, con un total de 4.544 procedimientos iniciados.
Este estudio pone de manifiesto que desde 2019 se está produciendo un cambio en el perfil del concursado. En la actualidad, hay más concursos de personas físicas que de empresas. En este lapso de cuatro años, la insolvencia empresarial ha crecido un 12%, mientras que los concursos de personas físicas y autónomos se ha incrementado un 534%. Fenómeno que se explica por la entrada en vigor de la reforma de la Ley de la Segunda Oportunidad, que simplifica el procedimiento para acceder a esta medida.
Otro de los cambios apreciados el año pasado fue que el 76% de las insolvencias empresariales correspondieron a “concursos exprés”, que son aquellos en los que el deudor no tiene masa patrimonial. Es un procedimiento abreviado previsto para empresas que tienen un gran nivel de deuda y carecen de activos. Su puesta en marcha evita que se deriven responsabilidades a los administradores de la sociedad.
Según Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, el notable incremento de los concursos exprés pone de manifiesto que las empresas toman medidas demasiado tarde para afrontar sus problemas de solvencia.
Previsión de aumento de las insolvencias empresariales
De cara a este año, los especialistas coinciden en que habrá un incremento de las insolvencias empresariales con respecto a los datos de 2023.
El estudio “Atlas Concursal 2023”, del Registro de Economistas Forenses, habla de un posible incremento del 54% en las insolvencias empresariales en 2024 con respecto al último año antes de la pandemia (2019), y del 37% para 2025.
Según un informe de Solunion, la previsión en el incremento de insolvencias empresariales para este año en comparación con los datos de 2023, es de un 10%.
En relación con este tema, desde el Consejo General de Economistas destacan la necesidad de modificar la actual redacción de la disposición transitoria primera del Real Decreto que desarrolla la Administración Concursal. En base a esta norma, solo unos pocos grandes despachos están exentos de realizar el examen de acceso a la actividad profesional para ejercer como administradores concursales. A juicio de la entidad, si esto no cambia y las insolvencias empresariales continúan aumentando al ritmo previsto, en unos pocos años es posible que no haya suficientes profesionales para atender a los concursos y reestructuraciones empresariales.