martes, abril 23, 2024
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Bruselas pide a España que tome medidas para reducir la deuda 

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La deuda pública ha sido uno de los grandes temas de interés en el seno de la Unión Europea. Al entenderse que la contención de la misma es esencial para mantener el equilibrio de la economía.

Tras la pandemia, las autoridades europeas se han mostrado algo más laxas en cuanto al cumplimiento del objetivo de deuda pública por parte de los estados. Pero la situación cambiará el próximo año, con la entrada en vigor de la nueva política de gobernanza económica. Por ello, desde Bruselas se ha insistido a España en la necesidad de tomar medidas para reducir una deuda pública que se prevé que podría acabar el año en torno al 106,6%.

Según un informe del ejecutivo comunitario, la ratio de deuda pública disminuirá hasta el 106% en 2026, pero podría elevarse de nuevo hasta el 110% en 2034. Para evitarlo, lo que piden las autoridades europeas es que se adopte una estrategia creíble de consolidación fiscal en materia de déficit y deuda, así como unas políticas económicas que garanticen el aumento de la competitividad.

Nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea

Hace unas semanas, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo para dar forma a la nueva gobernanza económica de la Unión Europea. Manteniendo el objetivo general de reducir las ratios de deuda pública y los déficits de una manera gradual, realista, sostenida y favorable al crecimiento. Brindando especial protección a la inversión en ámbitos estratégicos como el digital, el social, el ecológico o la defensa.

Los estados miembros van a mantener su obligación de presentar sus planes estructurales nacionales de política fiscal a medio plazo, y la Comisión presentará una trayectoria de referencia para los estados cuya deuda pública supere el 60% del Producto Interior Bruto (PIB), o cuyo déficit público supere el 3% del PIB.

Esta trayectoria de referencia establecerá medidas para que los estados tengan garantizado que, pasados cuatro años de ajuste fiscal, la deuda pública continúe en una trayectoria descendiente sostenible, o se mantenga en niveles prudentes a medio plazo.

A partir de la trayectoria de referencia, los estados miembros incorporarán una trayectoria de ajuste presupuestario a sus planes estructurales nacionales de política fiscal a medio plazo. Estos planes deberán ser aprobados por el Consejo.

Lo que buscan las nuevas normas es fomentar la puesta en marcha de reformas estructurales e inversiones públicas para la sostenibilidad y el crecimiento. Si el plazo de cuatro años de ajuste fiscal no es suficiente para alcanzar los objetivos marcados, se puede pedir una prórroga y alargar ese tiempo hasta los siete años si se realizan determinadas reformas e inversiones para mejorar la resiliencia y el crecimiento.

La OCDE también pide más medidas de ajuste

A finales del año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), emitió una recomendación al Gobierno en la que también hacía referencia a la necesidad de hacer un ajuste fiscal para reducir la deuda pública.

La OCDE estima que, con las medidas propuestas por el Gobierno, el PIB se situará este año en un 3,2%, lo que sigue estando por encima del 3% permitido por Bruselas.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha destacado el papel del gravamen al carbono como un instrumento central dentro de la estrategia de descarbonización de la economía. Señalando, a su vez, que un retraso en la implementación efectiva de este sistema podría incrementar la deuda pública de los países entre ocho décimas y dos puntos del PIB por año.

El FMI destaca que la adopción de medidas destinadas a reducir las emisiones podría disparar la deuda de los grandes países contaminantes entre un 45% y un 50%, pero que no adoptar este tipo de medidas podría hacer crecer todavía más la factura de la deuda pública en los próximos años.

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