Las incapacidades temporales derivadas de problemas de salud mental se han multiplicado en los últimos años, especialmente tras la pandemia. De hecho, el síndrome del burn out o del trabajador quemado ya ha sido reconocido como una enfermedad profesional por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Hasta mediados del año pasado, se habían tramitado en España un total de 338.000 bajas laborales relacionadas con salud mental. Cifra que es la más alta registrada para un primer semestre en los últimos siete años, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Esto supuso un coste cercano a los 30.000 millones de euros en 2023.
No hay datos oficiales
No existen datos oficiales sobre el coste total que supone para la Seguridad Social cubrir las prestaciones de incapacidad temporal derivadas de las afecciones de salud mental y su correspondiente tratamiento. Pero un estudio del Observatorio Zeres estima que el coste el año pasado estuvo en torno a los 30.000 millones de euros. Cifra que se reparte entre el coste que asume directamente la Seguridad Social y el coste de oportunidad (valor perdido por las horas que los empleados no estuvieron trabajando) de las empresas.
El estudio “El absentismo laboral derivado de la incapacidad temporal por contingencias comunes” elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo en junio de 2022, cifraba el coste de las bajas médicas por contingencias comunes (entre las que se encuentran las bajas relacionadas con la salud mental) en 106.000 millones de euros.
Bajas más caras
Los especialistas afirman que, en términos de prestaciones, una incapacidad temporal por problemas de salud mental suele salir más cara que una baja relacionada con problemas de salud a nivel físico. Porque lo habitual es que una persona con depresión o ansiedad pase más tiempo sin trabajar que otra que está, por ejemplo, reponiéndose de una intervención quirúrgica.
De media, una persona que atraviesa una depresión diagnosticada clínicamente está de baja entre un año y 18 meses. En muchos casos se agota el plazo máximo de duración de la baja (18 meses) y luego se pasa por el Tribunal Médico. Proceso que puede acabar con el alta del afectado, o con el reconocimiento de una incapacidad permanente.
Además del tiempo que es necesario para curar estas patologías, los especialistas destacan que las deficiencias del sistema público de salud en materia de salud mental también contribuyen a que este tipp de bajas sean más largas.
Mujeres y jóvenes son los más afectados
Según datos de la Seguridad Social, las mujeres y los jóvenes son los dos grupos sociales que más se acogen a las bajas por salud mental.
La brecha de género ha ido disminuyendo en todos los grupos de edad. Aunque el número de mujeres en situación de incapacidad temporal por salud mental es superior al de hombres en todos los grupos de edad, se aprecia un repunte en las bajas entre el género masculino.
Desde 2019, las bajas laborales por salud mental se han disparado en el grupo de edad de 16 a 25 años. Creciendo un 91% con respecto a los años anteriores.
A los más jóvenes les sigue el grupo de trabajadores de edades comprendidas entre los 26 y los 35 años, cuyas bajas por incapacidad temporal por salud mental se han incrementado un 48% desde 2019.
El trabajo como causa de la baja
Los especialistas destacan que el trabajo es una de las principales fuentes de problemas de salud mental. El nivel de exigencia laboral y la precarización del empleo están causando importantes daños a las personas a nivel psicológico.
Muchos trabajadores intentan sobrellevar la situación todo lo posible, y solo acuden al médico cuando están en un estado de gran quiebra emocional. De forma que ya no es viable paliar su situación con un poco de reposo y una terapia adecuada, sino que hace falta un tratamiento mucho más largo y complejo.
En muchos casos, los trabajadores afectados acaban dejando voluntariamente su trabajo, porque esta es la única forma que ven de librarse de su malestar.
Desde los sindicatos, y también desde el ámbito sanitario, se está reclamando a las autoridades que tomen medidas para mejorar la atención sanitaria a los pacientes de salud mental y, a la vez, se destinen más recursos a la prevención de patologías mentales.