«El plan de respuesta es un plan de país, como lo fue la respuesta a la pandemia (…) Las consecuencias de la guerra necesitan de la unión de los agentes económicos y las Administraciones y pedimos responsabilidad, a cada uno en su ámbito de actuación», ha defendido este miércoles en declaraciones a los periodistas en el Congreso la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto.
La ministra ha explicado que el «mandato» de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para supervisar la correcta aplicación de estas rebajas alcanza «no sólo a las gasolineras, sino al conjunto de sectores» objeto de las medidas.
«Tenemos que atajar la subida del precio de los carburantes. La responsabilidad de los que operan en ese sector es dar confianza y certeza y que la población y las empresas vean que estas medidas son eficaces. Y la mejor manera es esa contención de precios», ha insistido Maroto.
El Gobierno aprobó el martes en el Consejo de Ministros una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante que estará en vigor del 1 de abril al 30 de junio. El Estado aportará 15 céntimos y las petroleras sufragarán un mínimo de 5 céntimos.
Sin embargo, los datos oficiales apuntan a que desde que el Ejecutivo anunciara una primera bonificación el pasado 21 de marzo dirigida entonces en exclusiva a los transportistas, el precio de venta del gasóleo ha subido 7 céntimos y el de la gasolina ha aumentado 4 céntimos.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha abundado también este miércoles en que será la CNMC la encargada de velar por que los descuentos aprobados en los combustibles no pierdan «eficacia», y para ello el Gobierno pretende establecer los mecanismos necesarios para garantizar que esa rebaja «llegue a los bolsillos» de la población. EFE