El juicio a Hafesa se tambalea: la defensa de Hamlyn denuncia pruebas inválidas y vulneración del derecho a un juicio justo
Un juicio bajo la sombra de la duda. La Audiencia Nacional se prepara para celebrar, el próximo 30 de junio, uno de los juicios más esperados del año: el proceso penal contra Hafesa Energía y su presidente, Alejandro Hamlyn López-Tapia. Pero lo que debería ser una cita de alto perfil judicial podría convertirse, según denuncia su defensa, en un ejercicio sin garantías, repleto de irregularidades procesales, pruebas defectuosas y graves vulneraciones del derecho a un juicio justo.
Desde hace meses, ESTRELLA DIGITAL viene revelando en exclusiva las grietas profundas de este caso: grabaciones desaparecidas, agentes investigados por supuestas manipulaciones de atestados, y un entorno procesal que se tambalea por la indefensión de las defensas. Hoy, a tan solo cinco días del inicio del juicio, la defensa de Hamlyn ha entregado tres escritos demoledores: una radiografía del colapso procesal.
La cronología del caos: suspensiones, pruebas a última hora y una causa sin control
La historia de este juicio es la de una cronología enmarañada y caótica. En abril, la vista fue suspendida de urgencia tras detectarse fallos graves en las grabaciones aportadas por la Unidad Central Operativa (UCO). Pese a la alerta, las correcciones han sido parciales y han llegado tarde.
El pasado 25 de junio, la defensa de Hamlyn presentó un nuevo escrito ante la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, acompañando un informe pericial que pone en cuestión la validez de casi todas las pruebas digitales de la causa. La clave está en las intervenciones telefónicas: grabaciones que carecen de huella digital, no tienen firma electrónica, están incompletas o directamente… no existen.
El informe clave: 86 páginas que desmontan las pruebas esenciales
Firmado por el perito informático Gustavo Martínez, el informe técnico pericial —aportado como ampliación del ya registrado el 20 de mayo— es un catálogo sistemático de irregularidades. A lo largo de 86 páginas, el documento revela que las grabaciones analizadas:
No contienen archivos de audio originales ("Contenido de voz.wav").
No permiten verificar su integridad ni su autenticidad digital.
Están afectadas por errores como "producto sin contenido", "falta de interlocutor" o "verificación fallida".
No se ha aplicado ninguna huella HASH, impidiendo comprobar si los archivos han sido alterados.
Lo más alarmante: el 100% de los audios analizados por el perito carece de firma digital avanzada, lo que invalida por completo su valor como prueba conforme al artículo 588 bis g de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformado por la LO 13/2015.
Intervenciones telefónicas sin huella digital ni validez legal
Las interceptaciones de llamadas telefónicas constituyen el núcleo probatorio del caso. Sin embargo, el informe revela que la plataforma Cloud Justicia, donde se alojan los archivos, contiene intervenciones mal etiquetadas, sin participantes identificables, o incluso completamente vacías. “No se halló contenido para este producto”, repite el visor de evidencias informáticas.
En el caso concreto de las llamadas atribuidas a Alejandro Hamlyn, se documenta una cadena de irregularidades especialmente grave: más de una docena de grabaciones carecen de archivo original, otras tantas no se pueden abrir, y en algunas solo se escucha un interlocutor, violando cualquier principio de auditoría pericial fiable.
Cloud Justicia: una cadena de custodia hecha trizas
El sistema GOLF-RELIANT 12 de la Guardia Civil, según la propia normativa técnica, debe garantizar la integridad, la autenticidad y la trazabilidad de todas las intervenciones mediante firma digital y huella HASH. Nada de eso aparece en los archivos subidos al Cloud Justicia por la UCO.
De hecho, la defensa denuncia que los errores se mantienen incluso tras el “intento de subsanación” de la Guardia Civil el 20 de mayo, cuando se incorporaron 110 GB de material adicional. El perito lo resume así: “La comprobación de la firma ha fallado”, “verificación no realizada por falta de firma”... errores que comprometen la cadena de custodia de las pruebas.
¿Juicio justo o juicio imposible?
Lo más grave no es solo la existencia de pruebas técnicamente inválidas. Es que, además, la defensa no ha podido acceder con tiempo suficiente al contenido de los archivos, lo que vulnera directamente el derecho a preparar la defensa (art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos). Algunos audios fueron subidos a Cloud Justicia tan tarde como el 16 de abril, pese a haber sido solicitados en múltiples ocasiones.
En sus escritos, la defensa lo dice con claridad: “Nos enfrentamos a un juicio sin posibilidad real de defenderse frente a unas pruebas que no son comprobables, no están íntegras, y cuya autenticidad no puede acreditarse”. Solicita, por tanto, que no se celebre el juicio hasta que las garantías básicas estén aseguradas.
Las sombras de la instrucción: ¿una investigación al límite de la ley?
Esta no es la primera vez que la causa contra Hafesa se ve salpicada por acusaciones de irregularidad. Como ha venido informando este medio, desaparecieron grabaciones clave, la UCO reconoció pérdidas de pruebas esenciales, y se ha solicitado incluso investigar a once agentes por presunta manipulación de atestados.
Además, la defensa ha cuestionado reiteradamente la conexión artificial entre Hamlyn y el resto de acusados, algo que quedó desmontado por un informe pericial de PwC, también propuesto como prueba: Hamlyn, según el análisis, no formaba parte de ninguna organización criminal ni coordinaba ninguna red ilícita.
Lo que está en juego: derechos fundamentales en riesgo
Más allá del caso concreto, este juicio se ha convertido ya en un ejemplo paradigmático de lo que puede ocurrir cuando la tecnología judicial se aplica sin garantías técnicas, y cuando la prisa procesal supera al principio de contradicción. Si el juicio se celebra el 30 de junio como está previsto, será —en palabras de la defensa— un proceso nulo de pleno derecho.
Estamos ante un escenario en el que el propio sistema procesal español podría quedar en entredicho. No solo por las posibles responsabilidades de quienes dirigieron la instrucción, sino por las consecuencias de celebrar un juicio sin garantizar la validez de la prueba fundamental: la voz del acusado.
¿Puede celebrarse un juicio cuando no se garantiza el derecho a defenderse?
La justicia no puede correr más que las garantías. No puede haber condena válida si la prueba sobre la que se sustenta no puede ser contrastada, ni verificada, ni siquiera oída. Y es que, como recuerda el propio informe pericial, “el 100% de los archivos analizados no permite comprobar ni la autenticidad ni la integridad”.
El 30 de junio no solo se celebra un juicio contra Hafesa. Se pone a prueba la robustez del Estado de Derecho. Y si se vulnera el principio más básico —el de defensa—, el juicio no será una victoria de la justicia, sino una herida profunda al sistema judicial.