En su sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la sección séptima de la Audiencia absuelve tanto al supuesto ciberacosador, que se hacía pasar por una fotógrafa para captar a las jóvenes, como a un cliente suyo que, entre noviembre de 2014 y abril de 2019, recibió material sexual de las víctimas, en ocasiones a cambio de dinero.
La absolución de ambos procesados obedece a las irregularidades detectadas en la instrucción del caso, iniciada en un juzgado de Manresa (Barcelona) que acabó inhibiéndose en favor de otro de Barcelona, lo que ha llevado al tribunal a anular las declaraciones de los investigados y, en consecuencia, lo que derivó de ellas por falta de acusación válida.
La causa la abrió el 14 de septiembre de 2015 el juzgado de instrucción número 6 de Manresa, pero el mismo día acordó su archivo provisional por la imposibilidad de identificar al autor de los hechos y encargó a los Mossos d’Esquadra que investigaran el caso.
No obstante, añade la sentencia, el juzgado siguió practicando diligencias para hallar a los autores de los hechos, «a espaldas» de la Fiscalía, y mantuvo la causa sobreseída incluso cuando tenía plenamente identificados a los sospechosos, lo que despojaba la instrucción del caso de «cobertura legal».
Además, el 29 de septiembre de 2016, el juzgado ordenó su detención y la entrada y registro de sus domicilios, pese a haber transcurrido el plazo máximo de seis meses de instrucción que establece la ley para las causas que no hayan sido declaradas complejas.
Al principal acusado, la Fiscalía le pedía casi 120 años de prisión y más de 180.000 euros en indemnizaciones para la víctimas, con quienes contactaba a través de las redes sociales mediante cuentas falsas, haciéndose pasar por una fotógrafa profesional que les ofrecía posar en sesiones remuneradas.
Con el pretexto de querer conocer su físico para saber si «encajaban en el perfil» que buscaba, el acusado convencía a las víctimas -varias de ellas menores de edad- para que le enviaran unas primeras fotografías de contenido sensual.
Una vez en poder de ese material comprometido, según el ministerio público, coaccionaba a las víctimas hasta obligarlas a enviarle más fotografías y vídeos de carácter pornográfico o a ser filmadas a través de webcam, bajo la amenaza de difundir las primeras imágenes sensuales si no accedían a sus peticiones.
Temerosas de que esas imágenes se difundiesen entre familiares y amigos, las víctimas accedieron de forma unánime a facilitar fotografías y vídeos al acusado, que según la Fiscalía pretendía hacerse con ese material con el fin de comercializarlo.
Para el segundo acusado, el ministerio público solicitaba una pena de cuatro años de cárcel, además de tres de inhabilitación para ejercer cualquier oficio que implique contacto directo con menores de edad.
En su interrogatorio, el informático reconoció que hizo fotografías y vídeos a las víctimas, pero sostuvo que estas accedieron tanto a ceder su imagen como a su difusión posterior, y ha negado que las coaccionara con el fin de conseguir el material de contenido sexual. EFE