La pandemia ha hecho que la tasa de emancipación baje tres puntos en tan solo un año y ha agravado el problema del acceso de los jóvenes a la vivienda en España, el país con mayor tasa de desempleo juvenil de la OCDE con un 38,8 % de paro entre los menores de 25 y que se agrava con cuestiones como la temporalidad y la precariedad.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes la creación de una ayuda al alquiler de 250 euros mensuales durante dos años destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años cuyos ingresos anuales no superen los 23.725 euros.
La medida busca, entre otras cosas, acercar la edad media de emancipación en España, actualmente en los 29 años, a los datos europeos, donde el promedio en la que los jóvenes abandonan sus hogares familiares se sitúa en los 26.
«Entendemos que es necesario priorizar otro tipo de políticas como la creación del parque público de vivienda», explica Adrià Junyent, vicepresidente socieconómico y de comunicación del CJE, que advierte además del «efecto perverso» que puede provocar esta medida al permitir la posibilidad de que los propietarios puedan subir aún más los precios.
Junyent critica que este bono «sirve para financiar los beneficios de los arrendatarios» y hace referencia a un estudio que afirma que «por cada euro que se da a los inquilinos, los alquileres suben 78 céntimos».
Desde el CJE consideran necesario que, además de abordar el problema de los alquileres, se ponga el foco en el empleo joven con «leyes concretas» que combatan «el uso exagerado del contrato de obra y servicio» y traten de revertir «las consecuencias de la reforma laboral del PP».
La precariedad laboral y los precios del alquiler son dos de las preocupaciones de los jóvenes, como Antonio, de 22 años, que trabaja como telefonista a la vez que estudia.
Dedica un 40 % de sus ingresos a pagar el alquiler de un piso que comparte con tres personas en Madrid, algo parecido a lo que le sucede a María, que una vez finalizados sus estudios y con un contrato de trabajo tiene que dedicar el 35 % de su sueldo a pagar su habitación.
Admiten que todavía no tienen mucha información pero que les preocupa cuándo entrará en vigor, si la ayuda será individual para cada uno de los inquilinos de un piso o si la medida servirá para que Hacienda les «cruja por otro lado».
«Creo que más que darnos 250 euros al mes deberían preocuparse en que los jóvenes no estén cobrando una miseria por jornadas de 40 horas», se queja María.
Chrisbel comparte piso en Tenerife y admite que el importe de la ayuda le sería suficiente para pagar su habitación, pero es consciente de que esto no es así en otras ciudades, por lo que considera injusto que «no sea más proporcional».
A finales de 2020 casi un 60 % de los jóvenes entre 16 y 29 años que residían en una vivienda independiente lo hacían de alquiler, lo que supone de media destinar un 92 % del sueldo para aquellos que viven solos y casi un 30 % para los que comparten piso.
Guillermo, de Barcelona, es uno de los pocos jóvenes que a sus 27 años ya está pagando una hipoteca, sin embargo cree que «el precio del alquiler es desorbitado en las grandes ciudades» y que es necesario regularlo.
El portavoz del CJE considera que la Ley de Vivienda anunciada por el Ejecutivo «tendrá muy poco efecto» y admite no entender por qué «una persona individual con 200 viviendas no estará obligada a regular el precio del alquiler».
Junyent también ha respondido al líder del PP, Pablo Casado, que ha asegurado que los jóvenes pueden acceder a un alquiler si tienen trabajo y nómina.
Según datos del CEJ, el 20 % de los jóvenes que trabajan siguen en riesgo de pobreza y exclusión social, porque el salario medio es de 11.634 euros al año, lo que supone unos 970 euros al mes. EFE
M.M.