viernes, diciembre 2, 2022

Los madrileños pagan 14.000 € cada mes para vigilar las obras del tren fantasma de Aguirre

El proyecto fue desechado a finales de 2010 y sigue suponiendo una sangría para las arcas públicas, que ya han desembolsado 188 millones

La factura sube cada mes. Por unas obras fallidas y abandonadas. La Comunidad de Madrid paga actualmente 14.000 euros mensuales por vigilar y conservar la línea ferroviaria que iba a unir Móstoles con Navalcarnero, uno de los proyectos estrella de Esperanza Aguirre. El proyecto nunca se materializó, se quedó a medio terminar, e incluso acabó en los tribunales en una batalla judicial que enfrentó durante años al Gobierno regional y a la constructora (la antigua OHL, hoy OHLA).

La Consejería de Transportes formalizó en febrero de 2021 el último contrato para “la vigilancia y conservación” de la infraestructura ejecutada, que se resume en 46 actuaciones, como algunas de las estaciones previstas, pozos de extracción, de ventilación y bombeo, tramos de túneles a medio terminar, salidas de emergencia, marcos de drenaje e incluso el encauzamiento de dos arroyos. Muchas de estas actuaciones están al 0% de ejecución, como reconoce el propio pliego del contrato.

La adjudicataria, API Movilidad SA, presta un servicio de vigilancia “par conocer las anomalías en el estado de la infraestructura y proponer las medidas necesarias para su corrección” y la ejecución de “operaciones de conservación que hay que realizar en los diferentes elementos de la infraestructura y seguridad para recuperar su funcionalidad como consecuencia de su deterioro”. Por ello percibe 169.346 euros anuales, o lo que es lo mismo, 14.112 euros al mes.

Cartel
Cartel de las obras del tren (Foto: Comunidad de Madrid)

La línea ferroviaria Móstoles-Navalcarnero iba a tener un trazado de 14,7 kilómetros y siete estaciones, cuatro de ellas soterradas. La obra, presupuestada en 396 millones de euros, fue adjudicada el 27 de octubre de 2007 por el Gobierno de Esperanza Aguirre y la idea era que estuviera lista en enero de 2011. La entonces presidenta regional puso la primera piedra en febrero de 2008. La obra fue contratada mediante el sistema de concesión, es decir, la Comunidad no financiaba el proyecto, sino que lo subvencionaba ‘a posteriori’, pagando un canon por cada viajero durante 20 años. El proyecto nunca se terminó y fue abandonado en enero de 2010.

Batalla judicial

Pero aunque los trabajos se pararon a principios de 2010, la Comunidad de Madrid no decidió resolver el contrato con OHL hasta julio de 2017, empezando entonces una batalla judicial entre Administración y constructora porque la primera quería que la segunda la indemnizará por no finalizar las obras. OHL quería, en cambio, que fuera ella la indemnizada alegando incumplimientos del Gobierno regional. Mientras se dirimía todo esto en los tribunales, la Consejería de Transportes tuvo que actuar, porque todo lo poco que se había construido empezaba a languidecer y deteriorarse.

De hecho, OHL se llevó la tuneladora que utilizó en las primeras fases del proyecto a finales del año 2016. La obra se tuvo que vallar y proteger frente a los primeros actos de vandalismo, como pintadas en los túneles de la infraestructura, sustracción de material de obra, e incluso algunas ocupaciones ilegales de personas que pasaban allí las noches. En realidad, la empresa API Movilidad lleva realizando estas tareas de vigilancia, control y mantenimiento desde julio de 2018, en sucesivos contratos, el último firmado en febrero de 2021.

Mapa
Mapa del recorrido del tren

El tren fallido entre Móstoles y Navalcarnero se ha convertido en un pozo sin fondo, no por los túneles inacabados, sino por la sangría que está suponiendo a las arcas públicas. En diciembre de 2021, la Comunidad de Madrid tuvo que pagar 188,4 millones de euros a OHL como compensación de las partes de la obra que sí se acabaron. Estos trabajos están valorados en 123 millones. El resto son impuestos (IVA) e intereses de demora (39 de los 188,4 millones), ya que el Ejecutivo autonómico dejó pasar más de tres años entre la recepción de lo construido y el pago. Y todavía queda pendiente por resolver el litigio judicial entre Comunidad y constructora.

Mientras tanto, la obra sin acabar supone una herida abierta de 14 kilómetros que atraviesa los municipios de Móstoles, Arroyomolinos y Navalcarnero. El Gobierno regional quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez finalice el proyecto. Más País, la marca nacional de Más Madrid, registró una enmienda parcial en los Presupuestos Generales del Estado para financiar este proyecto. Fue rechazada.

Obras
Materiales abandonados en la obra (Foto: Ayuntamiento de Móstoles)

“Este es un ejemplo más de la gestión del PP que nos tiene hipotecados. Podemos hablar de este tramo fantasma de Cercanías, o de las carreteras MP-203 o la M45, incluso de la negligente actuación en la ampliación de la línea 7B de Metro. Todo esto comparte que nacen de anuncios electoralistas, que llevan hipotecando la movilidad de Madrid años y que nos va a seguir hipotecando. Madrid tiene retos en movilidad importantísimos y todas estas intervenciones nos lastran en ello. Desde Más Madrid hemos pedido varias veces al Estado que asuman este tramo de la obra y lo integren en la red de Cercanías de Madrid, porque lo más importante es que se ha dejado a cientos de familias tiradas, esperando el tren y hay que darles respuestas. Por el momento, el Estado no plantea tampoco hacer nada”, señala María Acín, diputada autonómica de Más Madrid.

Luego está el frente penal. La Audiencia Nacional ya ha abierto juicio oral en el marco del caso Lezo contra el expresidente Ignacio González. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para él por un delito de tráfico de influencias en el concurso de adjudicación del tren. Anticorrupción considera probado que González recibió parte de la comisión de 1,8 millones de euros que pagó la constructora OHL por llevarse las obras.

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