viernes 22.11.2019

El Constitucional, en entredicho

El Tribunal Constitucional, preso de sus orígenes y compromisos políticos, está llegando al final de su escapada y no tiene más remedio que publicitar la sentencia sobre el Estatuto catalán, que tendrá consecuencias definitivas sobre España como nación, el Estado de Derecho y la solidaridad entre las distintas regiones de nuestro país, entre otras muchas cosas. Y nos tememos que tras las filtraciones intencionadas de ciertos aspectos de la sentencia se esté fraguando la maldad de un consenso interpretativo que dé a todos, o a casi todos, la razón, dañando gravemente los fundamentos del Estado y de la nación española, e incluso aparcando, para los próximos meses, todas las explicaciones de las ambigüedades que incluya la sentencia con el fin de no acelerar las tensiones políticas que giran en torno a esta ineludible cita con la ley y con la Constitución, lo que constituiría el colmo de la desvergüenza por parte de unos magistrados que están bajo toda clase de sospechas y que, en consecuencia y por los retrasos acumulados, no parecen estar a la altura del cargo y la responsabilidad que ostentan.

De momento, con el juego de la ambigüedad y de filtraciones intencionadas de aspectos de la sentencia -sobre la nación, el idioma, la bilateralidad, etc.- parecen haber silenciado al PP y a su líder, Mariano Rajoy, que tiene en este asunto la verdadera prueba de fuego de su liderazgo -muy por encima de los problemas internos del PP, e incluso de la crisis económica- y que se va a equivocar si, por conseguir unos miles de votos en Cataluña y un posible pacto con CiU, renuncia a defender a España como nación. Y no sólo por los efectos electorales que ello tendría para el PP, en beneficio del partido de Rosa Díez, que no perdería la oportunidad, sino porque toda dilación de Rajoy en esta cuestión esencial de la identidad y la cohesión nacional -que, por cierto, está íntimamente relacionada con la crisis económica- le será, y esta vez con razón, echada en cara por los dirigentes de su partido y medios conservadores del PP, que esperan una oportunidad para reabrir el debate de su liderazgo y su autoridad. O sea, que en esto del Estatuto catalán no cabe la menor ambigüedad.

Bastante callado está el PP -sobre todo el catalán de Sánchez Camacho- con las presiones y el espectáculo de hechos consumados, como el reciente de la Corte "presuntamente" constitucional catalana, como para que Rajoy y su partido consientan esta pública presión a los magistrados constitucionales por parte de los partidos políticos y las instituciones de Cataluña, mientras el caótico y demencial Gobierno de Zapatero -inventor del problema de este Estatuto y la financiación autonómica- se dedica a buscar compensaciones a los moriscos expulsados de España hace siglos, mientras sus compañeros del PSOE presionan al Constitucional para desguazar la España del siglo XXI, con la misma facilidad con la que se ha desmoronado la economía del país ante la sonrisa boba y sorprendida del señor del talante, que pronto se prestará a revisar la conquista del Al Andalus y a compensar a los moros que siglos atrás -como lo reivindica Ben Laden- fueron expulsados de casi todo el territorio español.

Hay mucho en juego y hay noticias alarmantes sobre el comportamiento de los magistrados del Constitucional, y no sólo por presiones políticas, sino también por sus propias ambiciones de presidencia y vicepresidencia en el que se espera como tribunal renovado en próximos meses, y aquí inmerso el nombre del magistrado Ramón Rodríguez Arribas, de quien se dice que se está prestando a indecentes consensos para promocionarse, lo que sería de la mayor gravedad. Aunque visto el espectáculo de bronca pública de la vicepresidenta De la Vega a la presidenta del Constitucional, Casas, nada se debe descartar, y aquí incluidas tanto las presiones del Gobierno catalán como las del Gobierno de Zapatero, que se juega mucho en esta sentencia como autor que es el presidente de este lamentable enredo, y a sabiendas de todas las consecuencias que una sentencia justa y a favor de España podría tener para la unidad del PSOE, ante el riesgo de ruptura con el PSC.

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