sábado 07.12.2019

Claves legales sobre la imputación de la Infanta Doña Cristina

La noticia de la resolución judicial por virtud de la cual el Juez Castro cita a la Infanta Doña Cristina a declarar en calidad de imputada en las diligencias previas seguidas con motivo de las actuaciones del Instituto Nóos ha dado lugar a un torrente informativo en el que se mezclan informaciones, especulaciones y opiniones más o menos interesadas, que han generado de forma inmediata una notable confusión sobre la posición jurídica de la Infanta y las consecuencias que se pueden derivar en distintos ámbitos. A continuación tratamos de ofrecer las claves para enfocar adecuadamente la situación.

La mera condición de imputado no lleva aparejada ninguna otra consecuencia en el ámbito personal ni patrimonial

1.- Condición de imputado: Es una figura propia del procedimiento abreviado de instrucción y enjuiciamiento de delitos en España y está concebida, fundamentalmente, como garantía del afectado. Sus efectos se concretan en que, toda persona que debe declarar sobre hechos investigados por su posible condición delictiva, en la medida en que pudiera resultar finalmente acusada como partícipe de los mismos, debe contar con la adecuada protección de sus derechos y, en consecuencia, puede no contestar a todas o a lagunas de las preguntas que se le formulen y tiene que estar asistido por un abogado en su defensa. Es cierto que en la percepción popular y mediática la imputación se interpreta como un primer paso en el deterioro de la presunción de inocencia, o dicho de otro modo, como un indicio de culpabilidad. Pero lo cierto es que el procedimiento está aún en fase de instrucción y estadísticamente un gran número de personas que resultan imputadas en un momento inicial se ven luego excluidas por un auto de sobreseimiento y ni siquiera llegan a ser llevadas al juicio, que es donde otro juez o tribunal distinto del instructor, determina su culpabilidad o inocencia. Por último es preciso aclarar que la mera condición de imputado no lleva aparejada automáticamente ninguna otra consecuencia en el ámbito personal ni patrimonial (limitaciones a la libertad o medidas de embargo o fianza) sin perjuicio de que se puedan acordar posteriormente en el seno de una pieza separada y con base en la existencia de fundamentos legales para ello.

2.- Estatus jurídico de la Infanta: Doña Cristina es Infanta de España por ser hija del Rey Don Juan Carlos. Esto es una obviedad, pero es importante recordarlo ahora, especialmente para quienes piden algún tipo de medida legal para apartarla de su condición. El Derecho español (como todo entorno jurídico civilizado) no contempla ninguna forma de ruptura del vínculo paterno-filial por lo que nadie puede dejar de ser hijo de su padre o de su madre. En consecuencia la Infanta lo seguirá siendo mientras viva. Por otro lado existe una definición legal de Familia Real, que se lleva a cabo por una disposición de rango reglamentario (Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre), por el que se establece el Registro Civil de la Familia Real". que define quiénes pertenecen a la Familia Real al hablar de "hechos que afecten al Rey de España, su augusta consorte, sus ascendentes de primer grado, sus descendientes y al Príncipe heredero de la Corona. Cuando se destapó el escándalo de la posible implicación delictiva de las actividades de D. Iñaki Urdangarín, se dijo que se apartaba a las Infantas y a sus consortes del núcleo central de la Familia Real, pero dicha decisión tenía únicamente efectos prácticos en términos de la agenda de actividades de la Casa Real y no modificaba de ninguna manera la condición de Doña Cristina. Adicionalmente el Rey Don Juan Carlos por virtud de Real Decreto 1502/1997, de 26 de septiembre, concedió, con carácter vitalicio, la facultad de usar el título de Duquesa de Palma de Mallorca a Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina (BOE núm. 232, de 27 de septiembre de 1997), siguiendo una tradición de la que existen otros tres ejemplos en las Infantas Doña Margarita, Doña Beatriz y Doña Elena. Hasta aquí alcanzan las peculiaridades jurídicas de la figura de Doña Cristina de Borbón. Por lo demás, está sujeta al mismo régimen que el resto de los españoles, puesto que a ella no le alcanzan las prerrogativas de inviolabilidad e irresponsabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución reserva al Rey. Por último, y esto no es cuestión legal sino práctica, la Infanta seguirá precisando las medidas de seguridad y protección que corresponden como persona expuesta a los riesgos derivados de su condición. En este sentido, podría darse el caso de que el 27 de abril su acceso a los Juzgados se realizase de modo distinto al descenso por la interminable rampa que tantas veces hemos visto en los últimos días, en atención a tales motivos de seguridad y protección.

Doña Cristina no puede renunciar a su condición de Infanta porque no puede dejar de ser hija del Rey

3.- Posibles medidas a adoptar por la Casa Real o la propia Infanta: Lo cierto es que, por mucho que se haya especulado al respecto, poco hay que se pueda hacer. Como ya tuvimos ocasión de exponer en esta tribuna, la Infanta Doña Cristina no puede renunciar a sus derechos dinásticos, ya que para ello se tendrían que producir una serie de fallecimientos o abdicaciones que diesen lugar a que fuese llamada a la sucesión en la Corona y, sólo en ese momento, podría renunciar. Si bien es cierto que en España no se ha promulgado aún la Ley Orgánica prevista en la Constitución para regular las abdicaciones y renuncias (artículo 57.5), la tradición y los principios generales del derecho sucesorio, en virtud de los cuales no se puede renunciar a la herencia en vida del causante llevan a la conclusión de que tal renuncia, aunque se formulase, sería jurídicamente ineficaz. Como dijimos tampoco puede renunciar a su condición de Infanta porque no puede dejar de ser hija del Rey, si bien puede decidir dejar de utilizar su título, pero no impedir que otras personas la reconozcan como lo que es, Infanta de España.

En conclusión, la imputación de la Infanta Doña Cristina en la causa tramitada por el Juez Castro tiene una enorme repercusión social y mediática y puede dar lugar sin duda a consecuencias importantes en el ámbito político e institucional, pero en lo estrictamente jurídico sólo despliega los limitados efectos que antes hemos indicado.


Juan Carlos Olarra-Estrella Digital

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