sábado 19/9/20

Política de cesión, improvisación y oportunismo

El curso político ha comenzado con dos malas noticias: la cifra del paro correspondiente al mes de agosto, que ha aumentado un 2,4 por ciento respecto al mes de julio y que sitúa el número de nuevos desempleados en cerca de 85.000 personas, y las primeras previsiones del Servicio de Estudios del Banco de España, que ya está trabajando con una cifra de déficit público cercana al 12 por ciento, muy por encima de las cifras estimadas por la vicepresidencia económica del Gobierno.

Los nuevos datos del paro, que rompen una tendencia de descenso iniciada hace tres meses, han intentado ser interpretados por el Gobierno como propios de la coyuntura del mes de agosto, un mes tradicionalmente malo, acompañando esa interpretación con el mensaje optimista de que las cifras tienden a desacelerarse, cuando la realidad es que lo que hay esperar para los próximos meses sea todo lo contrario, cuando terminen definitivamente las obras municipales del Plan E, ese Fondo Estatal de Inversión Local en el que el Gobierno ha invertido 8.000 millones de euros. Una inversión que solamente ha servido para tapar agujeros, y no para crear un empleo estable.

El progresivo deterioro del empleo que ha situado a nuestro país a la cabeza del paro en toda la Unión Europea, con unas tasas que doblan a las de la Europa de los Veintisiete, está produciendo una auténtica sangría a las finanzas del Estado, hasta el punto que, en estos momentos, el Estado lleva gastado en prestaciones sociales, desde el mes de enero, 15.500 millones de euros.

A eso hay que añadir las cifras de la nueva decisión que acaba de adoptar el Gobierno con la medida de los 420 euros para quienes hayan agotado todas las prestaciones de ayuda al desempleo.

La medida, aprobada en el Consejo de Ministros extraordinario celebrado el pasado 13 de agosto y que afectaba a todos los que habían dejado de percibir las prestaciones a partir de principios del mes de agosto, ha producido tal rechazo y tal polémica en las últimas semanas que, al final, el presidente del Gobierno, frente al criterio de su ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha dado el visto bueno para que el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, pacte con los partidos políticos que le pueden ayudar a aprobar los Presupuestos Generales del Estado (Izquierda Unida, Iniciativa Per Catalunya Verds, Esquerra Republicana de Catalunya, Bloque Nacionalista Galego y Nafarroa-Bai) y con los sindicatos para extender esa prestación extraordinaria a quines han dejado de percibir todo tipo de ayudas desde el pasado mes de enero.

Eso significa que el gasto prácticamente se ha duplicado y que de los 600 millones de euros presupuestados se pasará a los 1.300 millones.

El horror que tiene Zapatero a enfrentarse con los sindicatos; las dificultades que tiene que superar para aprobar unos Presupuestos que dependen de muchos factores, entre ellos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, que puede provocar una auténtica rebelión del tripartito catalán y que le pasará factura al presidente del Gobierno; la situación desesperada del déficit público, que puede situarse en 20.000 millones de euros por encima de lo que tiene presupuestado la vicepresidenta Elena Salgado, y el caos que ha provocado el Gobierno durante parte del mes de agosto con anuncios, globos sondas y rectificaciones sobre qué impuestos va a retocar para hacer frente al creciente y dislocado déficit público, sitúan al Gobierno en un terreno donde parece que la cesión, la improvisación, y el oportunismo son las únicas armas con las que hacer frente a una recesión económica que, aunque haya tocado fondo, no va a remontar todavía en muchos meses.

Política de cesión, improvisación y oportunismo
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