martes 15.10.2019

Novedades en la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional

El legislador ha corregido la deriva internacionalista de la Audiencia Nacional. Con retraso y mala técnica, porque la reforma se incrusta en la implantación de la oficina judicial, pero lo ha hecho. Más vale tarde que nunca, asegura el refranero. Treinta y cuatro años han pasado desde que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 se pronunció con escaso realismo a favor de una jurisdicción universal sin condicionamiento alguno. Así en el genocidio, por ejemplo.

Detrás de la ambiciosa regulación había una buena dosis de quijotismo y un cierto prurito de ponernos a la cabeza del mundo mundial en una justa causa. La Audiencia Nacional -lo mismo podía ser el juez de Villaflores de Abajo- se convertía, como de pasada, en un tribunal penal internacional que, a diferencia de la Corte Penal del Estatuto de Roma, no precisaba de ningún reconocimiento o adhesión foránea.

Si los medios personales y materiales de la Audiencia Nacional -no pensados para investigar precisamente los crímenes del Tíbet- se hubieran aplicado en exclusiva al enjuiciamiento de los delitos cometidos en el interior de nuestras fronteras, es probable que los asuntos domésticos se hubiesen despachado antes y mejor.

Como cabía esperar, la intervención de nuestros jueces en los conflictos ajenos sirvió para llenar las páginas de los periódicos y el tiempo de los telediarios, pero no para sentar a nadie en el banquillo de los acusados. ¿Alguien confió seriamente en la celebración de un juicio contra un ex ministro chino para que después expiara sus culpas en Alcalá Meco? ¿O contra un jefe de la CIA norteamericana? ¿Continúa en vigor aquella vieja ley de Estados Unidos que garantizaba la liberación de cualquiera de sus militares, aunque fuera necesario el uso de la fuerza?

La diplomacia española terminó sumándose a los partidarios de reconducir nuestra jurisdicción universal a lo universalmente aceptable. Además, ¿por qué íbamos a entorpecer procesos similares a lo que fue la transición democrática en España? ¿Qué lecciones podíamos dar al prójimo? ¿Qué diríamos si un juez argentino, chileno, cubano o yemení decidiera juzgar a los criminales azules o rojos que se beneficiaron de nuestra Ley de Amnistía? Haberlos, incluso con muy conocidos nombres propios, haylos.

Y tuvimos suerte porque ningún juez extranjero, constituido igualmente en guardián de una ilimitada justicia universal, entró en colisión con sus colegas españoles, lo que habría planteado enojosos problemas de difícil solución. Dos soberanías frente a otra y ambas entrometiéndose en una tercera.

El recorte ha sido razonable. Intervendremos cuando haya víctimas españolas, cuando los hechos afecten de alguna forma a nuestros intereses o cuando el culpable se encuentre en España.

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