martes 14.07.2020

Crónica de la inseguridad ciudadana

La tragedia de la crisis económica, con casi cuatro millones de parados, y los obligados comentarios sobre la remodelación del Gobierno han dejado en segundo plano toda una serie de preocupantes noticias poco relacionadas con el dinero nuestro de cada día o con el debate político.

La seguridad ciudadana no se deteriora sólo cuando le quitan el bolso a una anciana por el procedimiento del tirón, sino también, y en mayor medida, cuando las instituciones llamadas a combatir la criminalidad no funcionan debidamente. O cuando la ciudadanía tiene la impresión de que así ocurre. De los policías, de los jueces y de los funcionarios de prisiones depende que las leyes penales se cumplan. Más allá queda la responsabilidad del legislador y la de quienes escatiman los medios necesarios para que las buenas intenciones no queden en papel mojado, pero ése es otro tema. Vamos con un pequeño muestrario de actualidad.

Asaltan la casa del televisivo José Luis Moreno, le propinan una terrible paliza y se llevan lo que gustan. Es una peligrosísima banda organizada. La policía trabaja bien y detiene a sus cabecillas. Uno sale de la cárcel para declarar en un asunto de escasa importancia. El juez decreta su libertad por ese caso, pero ni él ni los policías saben nada de que también se encuentra preso por la otra fechoría. El atracador escapa. ¿Sería mucho pedir que en esos traslados se hiciera saber documentalmente a la fuerza pública todas las causas por las que el individuo está en la cárcel? De paso, podría enterarse también el juez. Al menos, mientras que la informatización de los tribunales sea una entelequia.

Días después nos enteramos de que otro individuo de la misma banda fue liberado por error en el propio establecimiento penitenciario. La policía pudo encontrarle de nuevo.

Pepe el del Popular, buscado urbi et orbe por haber estafado en Santander -supuestamente, no faltaba más- varios centenares de millones de las antiguas pesetas, es detenido en México. Entonces, sólo entonces, el juzgado estudia la causa y descubre que los hechos han prescrito, por lo que procede ponerle en libertad. ¿No habría sido mejor haberse pronunciado sobre la prescripción en su día, sin esperar el encarcelamiento de quien ya no tenía cuentas pendientes con la Justicia? ¿Tan difícil es llevar en el Juzgado y en la Fiscalía una relación de rebeldías con fecha de caducidad?

En Sevilla, un adolescente y cuatro chiquilicuatros (y chiquilicuatras) nos toman el pelo -no sólo a la policía, sino también a la familia de una muchacha asesinada y a toda la ciudadanía- haciéndonos buscar el cadáver en el Guadalquivir y en un vertedero. Resulta, además, que en la Jefatura Superior de Policía, en la misma ciudad, desaparecen cien kilos de cocaína. La noticia es tan grave que o se desmiente de inmediato o se da cuenta de cómo va la exigencia de responsabilidades penales, políticas y disciplinarias.

Y mientras tanto, el culebrón del 11-M repunta.

¿Seguimos?

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