jueves 1/10/20

Sitel: ley proporcional al rango de los derechos

Más allá de la anécdota y de la bronca parlamentaria que se montó sobre ello el pasado miércoles, lo cierto es que existen sospechas vehementes del interés del Gobierno en que subsista la precariedad de garantías legales en la utilización del Sistema Integrado de Interceptación de las Comunicaciones (Sitel). Un sistema, como considera el Tribunal Supremo, "mejor que los anteriores". Por lo cual fue incorporado a los recursos de seguridad del Estado durante los gobiernos del Partido Popular.

De ahí que en el referido y bronco debate del miércoles, el sistema no fuera cuestionado por el único partido que ejerce programáticamente la función opositora que corresponde en un régimen parlamentario. No iban por ahí los tiros, sino contra las supuestas utilizaciones ilícitas de Sitel desde los servicios de seguridad del Estado, en este segundo Gobierno socialista tras de los atentados del 11-M; sistema con el que ciertamente no se lograron evitar, pese a ser un instrumento muy superior a los precedentes en la lucha contra el terrorismo.

Esa hipotética utilización ilícita no habría sido posible ni sospechable, si el rango de la norma que regula su empleo fuera acorde, por las garantías que desarrollase, con los derechos constitucionales cuya integridad se debe preservar a todo trance. Tales condiciones parece en principio que encontrarían su adecuada instrumentación mediante una ley orgánica. Todas las precauciones y cautelas son pocas. La picaresca política, en este Gobierno o en cualquiera otro, encontraría así dificultades prácticas insuperables. Que es de lo que se trata.

En el orden práctico, el problema no se agota en la procedencia o improcedencia de una tecnología punta para la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. La cuestión se extiende a la suerte que puedan correr las grabaciones autorizadas por el juez para los supuestos establecidos y como material fáctico para incorporar al sumario. Pues cabe la sospecha de que en algunos casos emerjan "destinos residuales" para las grabaciones autorizadas, en el sentido de que pudieran no ser destruidas en su totalidad, para ser empleadas como material de combate político, por parte de los gobiernos, contra sus adversarios.

El tráfico, gubernamental o no gubernamental, de esos "residuos radiactivos" de las instrucciones sumariales tiene niveles de probabilidad en sus efectos dañinos algo menos que despreciables, puesto que al ser medios digitales los que se manejan en este menester, es mucho más difícil evitar la proliferación masiva de copias y de su distribución incontrolada. Todo el mundo sabe cómo los tráficos informativos de soporte digital se multiplican exponencialmente. No es necesaria su transferencia puntual, caso por caso, a los medios adictos para su buscada divulgación. Todo se reproduce y esparce al ritmo de la clonación celular.

Parece lo más previsible que el debate siga y no se agote en una explosión episódica de rifirrafes parlamentarios. La materia corresponde, más allá del eventual pinchazo del globo de 'Gurtel', a los límites sistémicos de nuestros derechos y libertades.

Sitel: ley proporcional al rango de los derechos
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