viernes 21/1/22

La dignidad como derecho

Hay asuntos que nos enfrentan a nuestros tabúes más profundos. Por eso, los debates sobre los mismos suelen girar sobre emociones y creencias más que sobre razones y hechos, lo cual dificulta aún más la adopción de cualquier solución aceptable por todos, por necesaria que sea.

Sobran ejemplos. Pero quizás ninguno tan claro como cuando se trata de la vida y de la muerte.

Es lo que sucede cuando afrontamos el debate sobre el aborto: las emociones y las creencias impiden a algunos aceptar el hecho de que los padres y, sobre todo, las madres puedan tomar la decisión de interrumpir un embarazo, lo cual lleva a algunos a pretender imponer sus creencias a quienes no las comparten ni tienen por qué compartirlas.

A lo largo de esta legislatura, y de la pasada cuando el Gobierno socialista aprobó la ley de plazos que equipara nuestro país a los países de nuestro entorno, hemos tenido sobradas muestras con una minoría social –aunque por lo que se ve mayoritaria en el Gobierno actual que quiso derogar la ley vigente– que pretendió imponer su creencia sobre la conciencia de cada cual. Afortunadamente, el rechazo social y la oposición de la mayoría de fuerzas políticas, junto a la cercanía electoral, llevó al Gobierno a dejar de lado su proyecto de convertir a España en uno de los estados más reaccionarios de Europa a este respecto.

Y es lo que sucede cuando afrontamos el debate sobre la muerte digna.

Hace unos meses, bajo el impulso de mi compañera Inmaculada Rodríguez-Piñero, un conjunto de eurodiputados tomamos la iniciativa de promover en el Parlamento Europeo una declaración sobre la dignidad al final de la vida. Una declaración que defiende que todos los ciudadanos europeos que se encuentren en una fase avanzada o terminal de una enfermedad incurable que les cause sufrimiento físico o psíquico que no pueda aliviarse puedan obtener ayuda médica para terminar su vida con dignidad y que insta a la Comisión Europea a que analice los diferentes tipos de asistencia sanitaria al final de la vida que se prestan en los Estados miembros para detectar las mejores prácticas en este ámbito y facilitar su intercambio.

La casualidad ha querido que la apertura del proceso para que los eurodiputados que así lo deseen apoyen con su firma la adopción por el Parlamento de esta declaración haya coincidido con el debate en España sobre el caso de Andrea.

En algún momento de nuestras vidas, todos debemos enfrentarnos a la realidad de la muerte. Y quien haya tenido que afrontar la pérdida de un ser querido en circunstancias tan desgarradoras como las que ha padecido Andrea no debería tener que enfrentarse a más sufrimiento que el derivado de la muerte de esa persona. Debería poder tomar sus decisiones libremente, recibiendo todo el respeto y amparo a una decisión íntima de no prolongar innecesariamente la agonía y sufrimiento de un paciente terminal.

Sí, la Ley de autonomía del paciente, y leyes autonómicas como las vigentes en Galicia o Andalucía, establecen el derecho del paciente o de sus representantes a decidir qué tratamientos se le aplican y cuáles no. Y, por tanto, a rechazar cualquier prolongación artificial de la vida. Es lo que hizo sin ir más lejos Juan Pablo II cuando renunció a volver al hospital y prefirió permanecer en el Vaticano hasta su muerte.

La mera capacidad técnica de prolongar una vida no debe hacernos perder de vista nunca lo principal: el paciente, su sufrimiento, su dignidad. Debe respetarse al enfermo, debe respetarse su voluntad, debe respetarse su autonomía para decidir no continuar sufriendo innecesariamente. Debe respetarse ese derecho a rechazar un tratamiento que solo prolongue artificialmente el sufrimiento y a recibir los cuidados necesarios para paliar el mismo.

Es una obligación moral y legal.

Por eso, humildemente, creo que le hemos fallado a Andrea. Le hemos fallado a ella, a su familia y a quienes sufren una situación similar. Les hemos fallado porque el recurso a la justicia en un momento como ese es un fracaso, el mayor de los fracasos: Andrea y su familia deberían haber podido afrontar estos momentos como habrían deseado, con intimidad, con recogimiento, y no se lo hemos garantizado.

Aprendamos de los errores cometidos, corrijamos los fallos legales y garanticemos que nunca más la dignidad de una persona se vea en entredicho en su hora más difícil.

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