jueves 09.07.2020

Ahora, diálogo

El 9-N ha pasado. De los más de 6 millones de catalanes en condiciones de poder votar, alrededor de 2,2 millones acudieron a hacerlo en una jornada sin incidentes reseñables, lo cual es una buena noticia en un momento de extrema polarización de la sociedad catalana.

No voy a reiterar que se trata de un pseudoreferendum, sin garantías jurídicas, sin censos de votantes, sin junta electoral, sin elección de miembros de las mesas electorales por sorteo, sin interventores… En suma, sin controles democráticos. Y que, además, se realiza sobre una cuestión, el modelo de convivencia, que atañe al conjunto del pueblo español y no solo a una parte.

Son argumentos conocidos, aunque no por ello menos contundentes: cualquier responsable político democrático, en tanto que responsable y demócrata, debería sentirse abochornado por haber alentado, promovido o participado en un proceso que ha desembocado en este sucedáneo de consulta y que, sobre todo, ha dividido como nunca a la sociedad catalana. Porque esa es la mayor de las tragedias que arroja la sinrazón que nos ha traído hasta aquí: la fractura social.

Desgraciadamente, el proceso soberanista ha inoculado en la sociedad catalana el virus de la falta de entendimiento entre las diferentes formas de ser y sentirse catalán, polarizando a la sociedad entre buenos catalanes –nacionalistas e independentistas– y malos catalanes –el resto–. De una sociedad ejemplo de pluralidad y convivencia para el resto de España, hemos pasado a una sociedad en progresivo avance hacia el pozo de las identidades únicas y los compartimentos estancos, en la que se ha ido arrinconando y achicando el espacio a quienes defienden las identidades plurales y los caminos intermedios.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

El Partido Popular lleva demasiados años negando la realidad y jugando con fuego. Todos tenemos grabado en la retina los llamamientos al boicot a los productos catalanes, las mesas petitorias por toda España contra el autogobierno de Cataluña o la presentación del recurso contra el nuevo Estatut votado por los catalanes ante el Tribunal Constitucional, cuya sentencia espoleó el sentimiento de agravio de una parte no menor de la población de Cataluña. Ya en el Gobierno, su ofensiva recentralizadora, con medidas como la ley Wert, la reforma local o la cerrazón a todo diálogo sobre el autogobierno, ha añadido combustible a la caldera del independentismo catalán.

Todo ello ha desembocado en lo sucedido el domingo, una votación sin garantías. Una votación, además, que el Gobierno nos dijo que nunca se celebraría. Si la consulta era ilegal ¿qué ha hecho el Gobierno para evitarla? Si no lo era, ¿para qué tanta farsa? Una vez más, Mariano Rajoy ha dado muestras de su falta de capacidad y respuesta a los principales desafíos que encara el país. España se descompone y el presidente ni está ni se le espera.

Puede que el paso de la jornada de votación haya servido como desahogo a las personas que acudieron a las urnas y de respiro a las que no lo hicieron. Todas ellas merecen respeto. Pero ahora hay que gestionar la frustración: la de quienes votaron, ante la falta de efectos jurídicos de la convocatoria alentada por el bloque soberanista; la de quienes no lo hicieron, ante la falta de atención que han venido sufriendo por parte de unas instituciones autonómicas que les han dado la espalda durante todo este tiempo. Pero también la de la sociedad en su conjunto, ante la incertidumbre futura.

¿Y ahora qué?

De nada sirve atrincherarse en demandas y fórmulas que buscan voltear el marco legal actual por medio de subterfugios. Tampoco basta con enrocarse en la defensa del respeto a la ley, algo que era necesario para evitar la convocatoria y celebración de una consulta ilegal, pero que no es suficiente para hacer frente al problema de fondo. La política está, precisamente, para buscar respuestas que permitan encauzar las demandas ciudadanas y crear los marcos normativos adecuados para garantizar la convivencia.

Ahora toca coser las heridas de una sociedad sometida a gran tensión emocional y política y eso sólo puede lograrse con grandes dosis de prudencia, diálogo y liderazgo político, que es lo que ha faltado en todo este proceso. Desde luego, hay que sentarse a la mesa y dialogar para restañar las heridas y abrir nuevos caminos a la convivencia, sobre la base del reconocimiento y el respeto mutuos.

La cuestión no es si será o no posible ese diálogo: tiene que serlo. Tampoco si quienes han protagonizado la confrontación pueden protagonizar el diálogo: es evidente que no, por todo lo que arrastran Artur Mas y Mariano Rajoy, pero lo mínimo exigible a ambos es que restablezcan los cauces de comunicación institucional que han dinamitado.

La cuestión crucial está en lograr reconocimiento y espacio no sólo para quienes han protagonizado la confrontación, sino para todas aquellas voces que han sido orilladas, incluso silenciadas, en todo este proceso. Recuperar para el espacio público y el debate político la pluralidad de voces, de identidades, de pensamientos, lograr no sólo que hablen sino que se reconozcan y se escuchen entre sí es la única vía para restablecer la cordura y explorar nuevos caminos a la convivencia.

La cuestión, por tanto, está en abrir un tiempo nuevo en el que un nuevo liderazgo aporte respuestas de futuro.

Por la convivencia y el entendimiento, contra el inmovilismo y la fractura, ahora diálogo.

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