sábado 19.10.2019

Si Cataluña aprobara la tortura

La tentación de pasar con una apisonadora por encima de la sede del Tribunal Constitucional es grande estos días: los preclaros magistrados se lo deben a su propia desidia. Los tres años de demora en la sentencia del Estatuto catalán han hecho que numerosas leyes autonómicas se hayan desarrollado al abrigo de él, por lo que cuestionar ahora alguna de sus partes provocaría un caos legislativo. Con su retraso, los magistrados han contribuido a condicionar su propia decisión, es decir, a restarse a sí mismos independencia.

Un tribunal prorrogado en sus funciones, mermado en su independencia y ajeno a la perentoriedad de la discusión legislativa, no goza de la autoridad exigible a una de las instituciones más importantes del Estado. Sin embargo, se insiste en plantear como un choque de legitimidades la posibilidad de que el Constitucional recorte el Estatuto pues, se dice, no puede revocar una decisión tomada por los diputados y respaldada en referéndum. Sólo desde una absoluta ignorancia democrática se puede esgrimir tan burdo argumento ad populum, como han hecho Cayo Lara o Rubalcaba. El de IU ha declarado que si el TC emite una sentencia adversa "habrá que cambiar la Constitución", porque el Estatuto fue aprobado y refrendado por los parlamentos español y catalán, "que fueron elegidos por todos los ciudadanos".

Los diputados tienen mucho poder, pero no todo, afortunadamente. Y lo que aprueban está sometido a control: he ahí el sentido de la división de poderes, que resulta preocupante tener que explicar a las personas mayores.

Siguiendo el argumento de Cayo Lara, con el que han coincidido diversos dirigentes catalanes, los diputados catalanes podrían promover un referéndum para legalizar la tortura a terroristas. Si la mayoría se mostrara favorable, cosa no del todo impensable, ese cambio en apariencia democrático debería ser barrido por el TC. La legitimidad de las leyes, en democracia, no proviene de una sola fuente. El voto es una de ellas; otra es la obligación de ajustarlas a leyes marco, como la Constitución, que garantizan las libertades.

Aunque los ciudadanos respaldaran la tortura, seguiría siendo inconstitucional, y un fallo en ese sentido del TC no iría contra la democracia, sino a su favor. Del mismo modo, la sentencia del Estatuto habrá de juzgarse por la solidez de sus argumentos jurídicos, y nunca por el hecho de que los magistrados revoquen o no decisiones aprobadas por el pueblo en referéndum. Andan cortos de legitimidad, es cierto, pero si alguna les queda es, justamente, la de apegarse a las libertades garantizadas en la Constitución, aun en contra del pueblo. Es así como aún pueden prestar un servicio a la democracia.

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