Martes 13.11.2018

Asilo para el Aquarius

España, dada su situación geográfica en la Europa occidental, es un importante destino de personas extracomunitarias que buscan, por diversos motivos, establecerse en un país desarrollado y con ello, labrarse un futuro con el que obtener oportunidades que les permitan una vida plena para sí y sus familias.

La Ley de extranjería se ha visto fuertemente modificada a lo largo de la última década, y los abogados hemos podido observar de primera mano, cómo se restringían las posibilidades de estancia legal, los CIES se llenaban de gente hacinada, las solicitudes de residencia se desestimaban mayoritariamente y se incrementaba la vigilancia en las fronteras.

Muchos extranjeros optaban por solicitar el derecho de asilo pero ciertamente, eran pocos los que accedían favorablemente al mismo.

La evolución del número de solicitudes de asilo en España desde 2012 ha ido creciendo vertiginosamente, pasando de 2.588 solicitudes en 2012 a las 31.120 solicitudes del 2017 de las cuales un 67% fueron rechazadas.

Si bien no es cuestión que atañe sólo a España con exclusividad. En 2017 nuestro país recibió 21.120 peticiones de asilo, en otros países de Europa son más numerosas. Alemania recibió 222.560 e Italia 128.850 siendo mayor el porcentaje de concesiones favorables en aquellos países.

El barco Aquarius con 629 inmigrantes subsaharianos, y el reciente gobierno Español, se ha estrenado accediendo a recibir por motivos humanitarios a esos inmigrantes que se encuentran a la deriva en aguas mediterráneas.

La Delegación del Gobierno, ha comunicado que van a concederles asilo dada su situación de emergencia, si bien con posterioridad se estudiará caso por caso.

Asilo es la protección que dispensa España a aquel extranjero a quien se le reconozca la condición de refugiado.

El estatuto de refugiado se reconoce en la Convención de Ginebra de 1951. En 2007 la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea refuerza el derecho de asilo como derecho fundamental y España lo recoge en su Constitución. En la actualidad lo regula la Ley de Asilo –Ley 13/2009 de 30 de octubre-.

Los derechos garantizados con el asilo, consisten en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido, así como en la adopción de medidas, entre las que figuran: concesión de residencia y trabajo permanente, el acceso a los servicios públicos de empleo, el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la asistencia social y servicios sociales, a los derechos reconocidos por la legislación aplicable a las personas víctimas de violencia de género, en su caso, a la seguridad social y a los programas de integración, en las mismas condiciones que los españoles.

Hay voces desde las ONG,s que cuestionan la capacidad de España para dar este concreto servicio, ya que entienden que puede haber problemas en el programa de atención humanitaria dado el escaso número de plazas y de personal. Hay que tener presente, que por el momento, España no goza de un reglamento que desarrolle la ley de asilo, el cual estaba previsto para 2017, que responda a mayores estándares de calidad y eficacia, velando por el cumplimiento de las garantías y derechos de los beneficiarios y esto incide negativamente en la red de acogida, que al final resulta insuficiente.

Con la esperanza puesta en que Europa tome cartas en el asunto, ya que esto no es una solución a largo plazo, con carácter excepcional, a estos inmigrantes se les abre un nuevo horizonte lleno de posibilidades.

Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés
Fiscal de la Audiencia Nacional en excedencia. Abogado.

Comentarios