Porta, destituido por decreto

Pablo Porta, socio del Espanyol, boxeador, campeón del peso medio en la categoría universitaria, presidente de la Federación Catalana de Fútbol de 1964 a 1975 y presidente de la Española de 1975 a 1984, podría haberse retirado de manera gloriosa si los resultados del equipo nacional le hubieran acompañado. Dejó la Federación a causa de lo que se conoce como el 'decreto anti-Porta'.

Nunca un Gobierno había tomado la decisión de echar a un dirigente federativo por la fuerza del decreto y lo hizo Felipe González, en 1984, cuando implantó la norma que impedía a los presidentes estar en el cargo más de dos mandatos, más de ocho años.

Recuerdo perfectamente la tarde de la Moncloa en la que Javier Solana hizo el anuncio y yo, que entonces era cronista parlamentario, le pregunté si también se iba a limitar el periodo para los presidentes de Gobierno.

Pablo Porta no era dirigente querido y tenía en contra a la mayoría de los medios informativos, pero el sistema no fue el más adecuado. Democráticamente había que aguantar que las gentes del fútbol le votaran.

Han cambiado los tiempos y el 'decreto anti-Porta' pasó a mejor vida, y además de que los presidentes de Gobierno pueden estar al mando mientras los elijan los ciudadanos, también lo pueden hacer quienes están al frente de las federaciones nacionales.

Aquél decreto tenía su fallo en el hecho de que, tras la imposibilidad de renovar el mandato al cabo de ocho años, tras el periodo de obligado descanso se podía volver a ocupar el cargo caso de ser elegido. Un caso concreto fue el de Ernesto Segura de Luna, quien regresó a la dirección del baloncesto, donde ya había estado.

Porta fue buen administrador y mejoró económicamente la Federación. Tuvo infortunio en el Mundial de Argentina. Fracasó la selección en la Eurocopa de Italia del 80, y pese al subcampeonato del 84, con Miguel Muñoz de seleccionador, Porta fue condenado por el petardazo del Mundial del 82 disputado en España.

Un Gobierno socialista echó a Porta. Un Gobierno socialista se achantó ante Ángel María Villar, imputado en varios presuntos delitos, y éste fijó las elecciones federativas cuando le convino y no cuando ordenaba el decreto gubernamental.

Julián García Candau