La maltrecha independencia de RTVE
Rosario López Miralles, consejera de RTVE en representación del PP, ha intentado someter a los telediarios de la televisión pública a la censura previa. Sólo la reacción de profesionales y público ha evitado la reinstauración de ese ominoso control anulado en la ley de prensa de 1966, firmada por Manuel Fraga, presidente fundador del partido que nombró a la consejera. El problema pendiente es garantizar la independencia del servicio público audiovisual de la voracidad del control político.
El modelo del servicio público es discutible. La mayoría de la izquierda y los nacionalistas lo defienden mientras el PP es ambiguo y anuncia privatizaciones mientras controla con mano férrea y manipula sin arrobo en sus televisiones autonómicas.
La Ley de la Radio y la Televisión Estatal de 2006 obliga a “garantizar la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e ideológico”. Los consejeros del PP, apoyados por los dede CiU y con la abstención de los nombrados por ERC y Comisiones Obreras, pretendieron abolir el criterio profesional de los periodistas controlando los contenidos de los informativos antes de su emisión. Sólo los consejeros de Izquierda Unida y UGT se opusieron en un Consejo sin presidente desde la dimisión de Alberto Oliart, el hombre que logró el consenso de PSOE y PP para perderlo poco después de asumir su puesto.
La mera enumeración del resultado de la votación del escándalo muestra la imposible independencia de la televisión pública. Mientras no exista una autoridad independiente y profesional, cuya composición no sea controlada por los partidos, la independencia y la neutralidad informativa son una ilusión.
La cuotas electorales en la información son un atentado constante contra el criterio de los periodistas, sometidos a los principios de servicio público y a un Estatuto de Información que reafirma “el deber de ofrecer a la sociedad información de relevancia pública con veracidad, objetividad, imparcialidad y respeto a los valores consagrados en la Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal y a los Principios Básicos de la Programación aprobados por el Consejo de Administración”.
Los periodistas de RTVE están obligados por el servicio público a respetar con la mayor exigencia el derecho a la información de los ciudadanos. Ese rigor, veracidad y pluralismo es imposible con el permanente control de los partidos a través de consejeros que como han demostrado deben dimitir por no ser capaces de respetar la ley y de garantizar la profesionalidad y el servicio público.
La mitad del Consejo de RTVE y su presidencia siguen vacantes por la incapacidad de los partidos para nombrarlos con el consenso legal exigido. Es hora de una reforma en profundidad para crear un servicio público independiente, con financiación sostenible y superar el viejo concepto de radio y televisión para adaptarse a una sociedad de la información digital donde garantizar el acceso de los ciudadanos a los contenidos públicos debería ser una misión fundamental.
Los ciudadanos siguen confiando en TVE para las grandes citas informativas y sus telediarios son líderes frente sus competidores privados. Los políticos y el Consejo de Administración son los principales incumplidores del servicio público y quienes más atentan contra el derecho a la información de los ciudadanos. La dimisión de los consejeros responsables de la ignominia debería ser el preámbulo de una reforma a fondo y consensuada de la radiotelevisión pública, estatal y autonómica.
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Juan Varela