Justa reforma de la Justicia
A partir de hoy, la Justicia ya no será gratuita en España. A partir de ahora interponer demandas o recurrir sentencias en el orden civil, social o contencioso administrativo costará dinero a los ciudadanos. Las cifras ascienden desde 150 euros a los 1.200 por llegar en casación hasta el Tribunal Supremo, aunque son muy disparejas, dependiendo del ámbito en que se haga.
Según recoge el texto aprobado por el Ejecutivo, con la nueva ley de tasas "se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional" para evitar abusos en la Administración de Justicia, que está absolutamente atorada y eso es contrario a uno de los principios en que se sustenta la propia justicia que es la resolución pronta del caso.
Hay que pagar los servicios que utilizamos
De todas maneras, a mí me parece bien la reforma porque es bueno que los españoles empecemos a acostumbrarnos a que hay que pagar los servicios que utilicemos, como se hace en todo el mundo. Y es que ya no hay dinero para mantener esa socialización tan irresponsable en la que sólo cabe la idea del todo gratis. Entre otras cosas, porque el abuso es algo consustancial a la gratuidad.
Por supuesto, están exentos del pago quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar y sean beneficiarios de la Justicia Gratuita que marca la propia ley.
Pero lo cierto es que esta ley ha puesto en pie de guerra a jueces, fiscales, secretarios judiciales y abogados. Aseguran, de una manera muy superficial, que esta ley creará "una justicia para ricos y otra para pobres" ya que el importante incremento de las tasas limitará la tutela judicial efectiva recogida en la Constitución. No quieren entender que "el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita", como señala el propio preámbulo de la norma.
Derecho a representarte a ti mismo
Pero todo es mentira. Este cabreo generalizado no es más que una cortina de humo para disuadir al Gobierno de tocar otros grandes problemas de la Administración de Justicia. Problemas que, de verdad, mantienen en España una justicia para ricos y otra para pobres. Y hablo, por ejemplo, del hecho de que no se pueda acudir a la justicia española por nosotros mismos, sino que tengamos que ser forzosamente representados por unos procuradores que no son más que intermediarios ineludibles y que ya la gran enciclopedia Espasa los califica como figuras innecesarias. En Alemania no hay procurador. Allí, con el abogado sobra. Y en EEUU puedes representarte a ti mismo. En España, en cambio, o tienes abogado y procurador, pagando por anticipado una provisión de fondos importante, o no te comes una rosca. Y eso sí que es justicia para ricos y pobres.
Y ya vale, porque los procuradores proceden de la Edad Media, del año 1500, cuando las sentencias se dictaban en latín y la gente no sabía ni leer ni escribir. Y ese sí que es un problema caro y no el de la subida de tasas.
Porque la reforma, por poner otro ejemplo y diga lo que diga esta auténtica casta que vive maravillosamente en el entorno de la Administración de Justicia, no afecta al derecho a la asistencia jurídica gratuita, como ya he dicho más arriba. Aunque, curiosamente, sea ahí donde se produce una gran bolsa de fraude por la falta de control de los Colegios de Abogados del concepto de sostenibilidad de la pretensión y la facilidad de probar falta de ingresos.
Lo demás, es demagogia para que no se toque el chiringuito que tienen montado y del que ya hablaremos otro día.
La Avispa-Estrella Digital
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