Estado de alarma
Se produjo el pasado día 3 de diciembre una situación tan extraordinaria como escandalosa que llevó al cierre del espacio aéreo español dejando en tierra a miles de viajeros y mercancías y dañando gravemente a importantes sectores económicos. Como, en ese momento, no había otro remedio por la actitud de los controladores aéreos, el Gobierno, después de otros intentos infructuosos, declaró el estado de alarma y, poco a poco, la situación se fue resolviendo. Si el Gobierno entiende que las causas de aquel caos, es decir, el chantaje de los controladores, es un peligro cierto, entiendo que pida al Congreso que lo amplíe, por muy excepcional que sea. Ni se trata, como se ha dicho, de resolver un problema laboral mediante el estado de alarma (porque se trata de resolver una cuestión de orden público y de defensa de los derechos de los viajeros) ni nadie, hasta el momento, ha propuesto otra alternativa seria para asegurar que estas Navidades, sin estado de alarma, las cosas puedan funcionar en los aeropuertos con garantías de normalidad.
Esto no obsta que llamen la atención de modo desagradable algunas actitudes del Gobierno. La primera, la presentación de estas medidas extraordinarias como un triunfo de la gobernabilidad seria cuando, en realidad, son un remedio apresurado para resolver un fracaso en el que el modo de gobernar no ha sabido ni resolver el escándalo continuado de los controladores ni prever soluciones alternativas al sabotaje. La segunda, consecuencia de la primera, esa actitud pasmosa del vicepresidente asegurando que se pretende que todo funcione como antes del 3 de diciembre porque, antes de esa fecha, se mantenía durante años una situación irregular y potencialmente explosiva que es la que hay que resolver definitivamente. Ese problema no se resuelve con la prórroga de un estado de alarma que sólo atiende a una urgencia y que no puede ser una situación de pretendida normalidad. Y la tercera, también conectada con las anteriores, que el Gobierno –que tiene un problema al que hasta el momento no ha dado solución, no puede presentar la alarma y las medidas de fondo como un asunto que se pacta apresuradamente, por otras motivaciones, con socios coyunturales. Debería haber negociado con el PP, planteado al principal partido de la oposición un plan de urgencia para ser discutido, informado sobre las medidas y sus consecuencias a corto y medio plazo. Si se justifica el estado de alarma es, precisamente, porque es una cuestión de Estado.