El aborto nos divide
Cualquier otra razón sería más creíble que la del compromiso con los votantes asumido por el PP en la campaña electoral de 2011. Basta echar un vistazo a los muchos y escandalosos incumplimientos, lo cual ha sido públicamente admitido por el mismísimo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Así que hemos de buscar otras razones para entender el porqué del proyecto de ley que aspira a reformar la ley del aborto aprobada en 2010 por el anterior Ejecutivo, el presidido entonces por el socialista Rodríguez Zapatero. Los verdaderos motivos son ideológicos, pero debidamente instrumentalizados para que tengan efectos prácticos. A falta de otros elementos de diferenciación, funciona esa maldita ley del péndulo como herramienta de fidelización electoral, justamente cuando el electorado propio empieza a desertar.
Lo que decía exactamente el programa electoral respecto a este punto era lo siguiente: "Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida". Lo cual es una forma de acusar a los anteriores gobernantes de haber fletado una ley que no protegía lo suficiente el derecho a la vida. Habida cuenta que la regulación anterior, aún vigente en España, también está vigente en veinte países europeos, muchos de ellos gobernador por partidos de ideas similares a las del PP, sorprende que sólo los gobernantes de nuestro país hayan tenido sensibilidad para rasgarse las vestiduras ante el insuficiente respeto de los poderes públicos por el derecho a la vida.
Más bien han tenido sensibilidad para detectar la dispersión del electorado conservador. Y de ahí la prisa por desempolvar el proyecto de ley de reforma de la anterior regulación del aborto. Un proyecto que, hasta el momento de verle las orejas al lobo en las encuestas de intención de voto, Moncloa no había tenido el menor interés en poner sobre la mesa, a pesar de los sucesivos anuncios que venía haciendo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Prueba evidente del carácter utilitario de la iniciativa.
De haberse mantenido en las encuestas el nivel suficiente para que el PP repitiese resultados o tuviera un desgaste mínimo, Rajoy jamás hubiera llevado este proyecto a las Cortes Generales. Entre otras cosas, por no volver a desencadenar en el seno de la sociedad española el engañoso debate sobre si uno es o no partidario del aborto (sostengo que nadie lo es), o sobre si es un derecho de la mujer o no, cuando lo determinante es que en ningún caso se trata de un deber. En la normativa a vigente, ninguna mujer está obligada a abortar. En cambio en la normativa que prepara el Gobierno del PP la mujer está obligada a ser madre en contra de su voluntad, salvó en muy tasadas condiciones.
Otro motivo de perplejidad es que la iniciativa del Gobierno Rajoy pueda convertir a España en un ejemplo regresivo de una legislación que estaba perfectamente homologada con los países de nuestro entorno. Eso obliga a preguntarse por el sentido que puede tener el hecho de suprimir el aborto libre hasta las 14 semanas en España (ese es el punto central de la normativa aprobada en 2010), cuando se puede practicar en un entorno sin fronteras de 20 países próximos. Puesto que el aborto está despenalizado de todos modos para la mujer, habrá que preguntarse también si los tribunales españoles van a procesar a los médicos extranjeros que practiquen interrupciones del embarazo sobre ciudadanas españolas.
Antonio Casado