Algo se mueve

Por mi edad, pertenezco a esa gran mayoría de ciudadanos que no pudo votar en el referéndum del 6 de diciembre de 1978 en el que España aprobó su Constitución de forma abrumadora. Afortunadamente, como la inmensa mayoría, he podido desarrollar mi vida adulta en el marco de derechos y libertades democráticas que consagra y ampara nuestra Carta Magna. Y esa vivencia es la que me hace sentir refrendada cada día la vigencia de nuestra norma fundamental.

Sin duda, la Constitución ha servido para consagrar el respeto a las libertades democráticas; para articular y hacer funcionar un Estado moderno y descentralizado; para integrarnos en Europa tras décadas de aislamiento y jugar un papel central en el concierto europeo; para recuperar el papel de España en el mundo; y, sobre todo, para encauzar la mayor transformación social y económica experimentada por una nación en las últimas décadas.

Y ese es un éxito de la Constitución y del Estado Autonómico que a partir de ella se desarrolla. Un modelo que ha actuado como motor de progreso económico, bienestar social y cohesión territorial y que ha ayudado a ir reduciendo las históricas desigualdades de nuestro país y a superar viejos traumas.
Pero el éxito de nuestra Constitución no puede ocultarnos la necesidad de su reforma a la vista no sólo del tiempo transcurrido, sino también de la exigencia de corregir insuficiencias no resueltas en el texto constitucional y de la necesaria adaptación a realidades entonces inexistentes –estado del bienestar, integración europea, globalización, internet–. Y, por supuesto, a la vista de la crisis económica y la creciente desafección ciudadana hacia el sistema político.

Lo cierto es que las informaciones publicadas en los últimos días han venido a confirmar que algo ha empezado a moverse en nuestro país, hasta el punto de que quienes discutían la necesidad de la reforma, han abandonado tal postura para abrazar la discusión sobre el alcance de su contenido. La cuestión que debemos plantearnos es, por tanto, si se puede abrir un debate sosegado y de fondo sobre las reformas necesarias para mejorar lo que tan positivo ha resultado con el objeto de dar un nuevo impulso de progreso y bienestar a nuestro país.

Desde mi punto de vista, se tiene que poder. Porque no pueden ser hoy mayores las diferencias que aquellas que hubieron de salvar las fuerzas políticas en la Transición para alumbrar un texto que todos sintieran como propio y que ha presidido los años de mayor éxito de nuestra historia.

No pueden ser hoy mayores las diferencias que aquellas que hubieron de salvar las fuerzas políticas en la Transición

Se hace necesario, por tanto, vencer las posiciones a veces extremas que en demasiadas ocasiones protagonizan el debate público para avanzar en el debate de fondo sobre las reformas imprescindibles para actualizar el texto constitucional, al menos en tres ámbitos.

En el ámbito institucional, debemos aprovechar la reforma para establecer la igualdad de género en el acceso a la Jefatura del Estado. Para simplificar la estructura administrativa, pues, por ejemplo, ¿tiene hoy sentido la existencia de las diputaciones provinciales? Y para mejorar la calidad de nuestra democracia, de cara a facilitar y ampliar la participación de la ciudadanía, abriendo la reflexión sobre la necesidad de circunscripciones electorales más cercanas a los ciudadanos o sobre el desbloqueo de listas.

En el ámbito social, debemos aprovechar la reforma para incorporar a la Constitución la garantía de la prestación de los servicios públicos esenciales –educación, sanidad, pensiones¬– en igualdad de condiciones para todos los españoles, residan donde residan.

Y en el ámbito territorial, debemos aprovechar la reforma para reforzar la convivencia entre los distintos pueblos de España mediante el reconocimiento de su diversidad y singularidad. Para clarificar el mapa competencial de cara a evitar duplicidades e injerencias en los ámbitos propios de cada nivel de gobierno. Para establecer los mecanismos de cooperación institucional de los que hoy en buena medida carecemos. Y para formular de forma pactada un modelo de financiación justo, equitativo y estable, basado en la autonomía financiera, la suficiencia y la solidaridad.

En suma, debemos afrontar una reforma ambiciosa que actualice, relance y fortalezca los pactos sellados en su día con la misma voluntad de entonces: la voluntad de convivir y construir juntos un país más próspero y cohesionado. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a afrontar el reto? ¿Estamos dispuestos a movernos?

 

José Blanco