La noticia de que los abogados de Iñaki Urdangarin estarían negociando un "acuerdo de conformidad" con la Fiscalía para aminorar la previsible condena por los delitos de los que está acusado el duque de Palma, abre un nuevo capítulo en este escándalo. Si fuera cierto que a cambio de un pacto de condena inferior a dos años -para eludir el ingreso en prisión-, el ciudadano Urdangarin estaría dispuesto a reconocer su culpabilidad en relación con algunos de los delitos de los que se le imputan estaríamos ante un intento de abuso de la figura del "acuerdo de conformidad" prevista en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Pues porque dada la naturaleza de las imputaciones: prevaricacion, tráfico de influencias, fraude, falsedad en documento público, malversación y delito fiscal -seis delitos cuyas condenas sumarían entre 15 y 20 años de cárcel-, el acuerdo propuesto, es a todas luces, asimétrico y, como consecuencia, inaceptable.

El nexo parental con la familia del Rey propició la luz verde a la hora de obtener fondos públicos de manera ilegal

Podría incluso ser considerado como un intento de tomadura de pelo, visto que de ser cierto lo publicado, si bien se habla de la restitución de algunas de las cantidades obtenidas bajo el paraguas del Instituto Nóos, nada se dice de revelar el destino de otras partidas que según lo publicado podrían haber sido "distraídas" en enclave financieros situados fuera de España. En este asunto, tan justificada está la cautela como la suspicacia. Cautela ante lo publicado porque podría tratarse de una mezcla de intención y tanteo -una suerte de globo sonda-, para calibrar la reacción de la opinión pública. Y suspicacia porque visto lo sucedido con la Infanta Cristina, podríamos estar ante una maniobra para que el protagonista del mayor escándalo de los último tiempos se vaya, como quien dice, de rositas.

Digámoslo pronto: si el ciudadano Urdangarin no fuera yerno del Rey nunca habría obtenido de los gobiernos autonómicos de Valencia y Baleares los dineros recolectados por su ya famoso "instituto sin ánimo de lucro". Esa circunstancia, el nexo parental con la familia del Jefe del Estado, propició la luz verde a la hora de obtener fondos públicos de manera ilegal. En esa presunción se basan las acusaciones y por eso, porque sería insoportable un nuevo trato de favor y porque la justicia amén de ser justa debe ser igual para todos es por lo que, a mi modo de ver, la Fiscalía debería rechazar el "acuerdo de conformidad" en los términos planteados por la defensa de Urdangarin.

Si por el contrario, aceptara el pacto a medida diseñado para eludir el grueso de la responsabilidad penal, estaríamos ante un nuevo escándalo. Visto el deterioro del edificio institucional sería algo peor que un error. Sería una equivocación que podría tener repercusiones sociales insospechadas. Por eso me inclino a pensar que la última maniobra de Urdangarin no prosperará.

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