viernes 27/5/22

Bicicletas compartidas, sí. Regulación, también

 

Hace décadas, las bicicletas perdieron su lugar como principal forma de transporte urbano en muchas ciudades. Salvo por algunas excepciones, como Copenhague, con 350 km de carril bici, o Ámsterdam, considerada una ciudad bike-friendly por contar con alrededor de 600.000 bicicletas para una población de 750.000 habitantes, en la mayoría de ciudades del mundo occidental el coche fue ganando terreno como vehículo privado. Pero ahora, y en parte gracias a los distintos sistemas de bicis compartidas, la bicicleta ha regresado para asumir un papel central en las ciudades.

Desde principios de la década del 2000, los sistemas de bicicletas compartidas empezaron a crecer en Europa. Hasta hace muy pocos años, estos sistemas no se consideraban rentables sin el apoyo de subsidios públicos, debido al alto coste tecnológico que implicaban. Sin embargo, actualmente existen startups que han logrado cambiar esa percepción. Es muy probable que pronto veamos nuevos sistemas de bicis compartidas en más ciudades europeas.

Ahora, para que esta implantación sea exitosa, es fundamental que se realice de forma gradual y teniendo en cuenta las necesidades de cada ciudad. Recientemente hemos visto casos de empresas con modelos de negocio basados en la economía colaborativa que han tenido que lidiar con enfrentamientos dentro del sector donde se introducían. A veces por falta de conocimiento, pero principalmente por no ofrecer alternativas y vías de colaboración a las empresas ya establecidas en su sector. En este contexto, no es de extrañar que se establezcan regulaciones para garantizar una competencia sana y un mercado sostenible a largo plazo.

La implantación de nuevos servicios en las ciudades debe integrarse con el mercado ya existente, y siempre respondiendo a una necesidad real. Pero en el mercado de las bicicletas compartidas también hay empresas que dan la impresión de estar compitiendo por tener la flota más grande pues están llevando decenas de miles de bicicletas a ciudades de Europa y Estados Unidos. Si bien estas empresas cuentan con un modelo disruptivo que reduce en gran medida los costes de despliegue de las bicis, colocar una cantidad indiscriminada de vehículos en las calles, sin una planificación previa ni con la adopción gradual de este tipo de sistema, podría generar malestar entre los ciudadanos y convertir a las ciudades en vertederos de metal.

Por ello, para crear una solución de movilidad, no es necesario ser agresivo, sino cooperativo. Las ciudades pronto tendrán que regular los mercados de bicicletas compartidas, y deberían tener como objetivo crear opciones de movilidad sostenible a largo plazo.

Asimismo, y para ser parte de la solución, es fundamental colaborar y adaptarse a las necesidades de las ciudades para que funcionen mejor, optimizando el espacio público y entablando diálogo con los ayuntamientos para crear sinergias. Y, a su vez, se debe ser conscientes de que no se deberían añadir un gran número de vehículos que al final no se vayan a utilizar, sino desarrollar un sistema en el que dicho número vaya de acuerdo a la demanda de los usuarios. La solución reside en que el número de bicicletas crezca junto con su uso: si se proporciona una cantidad acorde a la necesidad de los usuarios, entonces se estará haciendo un buen uso del espacio.

Bicicletas compartidas, sí. Regulación, también
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