miércoles 27/10/21

El reto de las pensiones

Ciertamente, los sindicatos, mejor sus órganos dirigentes, tienen la facultad y la consecuente libertad de decidir puntos de acuerdo y confrontación. Pero quizás conviniera a todos, comenzando por ellos mismos, que sus posiciones se entendieran mejor. Hoy, martes 23 de febrero, tienen previsto llenar las calles de algunas ciudades de manifestantes contra la propuesta gubernamental de posponer la edad legal de jubilación. Y, a modo de aviso a navegantes, han reiterado varias veces en las últimas semanas su oposición a cualquier reforma del sistema que entrañe recortes porque, a su juicio, los posibles problemas de la Seguridad Social no se arreglan gastando menos, sino ingresando más.

Cuesta pensar que estén proponiendo un aumento de las cotizaciones, pero convendría que lo aclararan para evitar equívocos. Es mejor interpretar que se refieren a que la sustentación del modelo depende del nivel de empleo, porque constituiría una buena base para afrontar la negociación de la reforma laboral en marcha. En todo caso, lo cierto es que su postura está, por ahora, más alejada que próxima a lo que vienen sosteniendo quienes han estudiado en profundidad el asunto, dentro y fuera del país.

Existe práctica unanimidad en apreciar urgente e ineludible el replanteamiento del modelo, condicionado y a la vez ajustado al imperativo demográfico. A partir de ahí, las discrepancias existen, porque ni las proyecciones son unívocas ni la forma de abordarlas tiene un exclusivo enfoque, aunque todas manejan distintas opciones orientadas a reducir el gasto o, dicho de otra forma, el peso relativo de las prestaciones en términos de Producto Interior Bruto (PIB).

Uno de los aspectos en que los expertos no acaban de coincidir es el grado de voluntariedad asociado a la jubilación. Por una parte, en qué medida una determinada edad debe tener carácter indicativo o imperativo en materia legal. Por otra, cuál debe ser el tratamiento, básicamente fiscal, de los complementos de renta libremente elegidos tras el retiro. Dicho de otra forma, si el marco normativo debe migrar hacia una mayor flexibilidad o mantener la rigidez que parecen sugerir las exigencias sindicales de que se mantenga la obligación de jubilarse como un derecho del trabajador.

Es una obviedad que la realidad social ha variado drásticamente desde que se configuraron los actuales modelos europeos de protección social, incluido el español. Claramente, la demografía es diferente, pero también la configuración misma de la sociedad. Ésta se ha segmentado de tal manera que las reglas uniformes entrañan cada vez mayores riesgos de ir contra los deseos, apetencias y necesidades de grupos apreciables de población.

Por si fuera poco, cualquier cálculo actuarial mínimamente solvente refleja hasta qué punto la proyección demográfica conduce a una ecuación entre ingresos y gastos insostenible a medio plazo. Y un análisis objetivo sugiere que no todo lo establecido anda sobrado de justicia. Por ejemplo, ¿no suena más solidario ajustar el importe de la pensión percibida durante los años de retiro a lo efectivamente cotizado -pagado- a lo largo de toda la vida laboral? ¿No sería hora de cerrar resquicios por los que se están colando prejubilaciones impresentables? ¿Se puede mantener un esquema que ha hecho posible acumular más de un millón de pensiones de invalidez, casi el diez por ciento del censo laboral?

El porvenir del sistema de pensiones es un reto para todos. Los partidos con representación parlamentaria deberán afrontarlo en el marco del Pacto de Toledo. Los sindicatos han decidido dilucidar el asunto con movilizaciones en las calles. El debate, pues, no sólo es posible, sino necesario, y debería desarrollarse con calma, rigor, serenidad y altura de miras. El Gobierno no ha estado hábil en el arranque, pero los demás, empezando por el Partido Popular y con la significada excepción de Convergència i Unió, no se han conducido mejor. ¿Será posible reconducirlo? Ya se verá.

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