viernes 3/12/21

Falacias fiscales

Sonroja escuchar y leer muchos argumentos y aseveraciones que se están manejando estas últimas semanas sobre la revisión de la fiscalidad que el Gobierno ha anunciado va a incluir en su proyecto de ley de Presupuestos para 2010. De parte gubernamental impera la palabrería improvisada y confusa, la oposición ha entrado al trapo con idéntica ligereza y gran parte de los análisis y comentarios denotan un inquietante desconocimiento de la realidad tributaria que, como es lógico, no hace más que incrementar la confusión del personal.

Para empezar, los impuestos ya han subido desde el momento en que se han disparado el gasto y el déficit públicos, por la sencilla razón de que se están financiando con emisión de deuda pública que, a todos los efectos, constituye un impuesto diferido que antes o después tocará pagar a la sociedad. Lo que se puede -debe- discutir, por tanto, es quiénes, cuándo y cuánto aportan por vía tributaria; esto es, qué impuestos se suben ahora, en qué cuantía y cuál es la parte que se mantiene diferida, en forma de deuda en circulación.

Otra cuestión a tener en cuenta es que ninguna opción para disponer los gastos y proveer los ingresos públicos es neutral. De ahí que plantear el asunto en una clave casi exclusivamente redistributiva o en términos de solidaridad vaya poco más allá de un burdo intento de falsear la situación. Llamamientos a favor de que paguen los ricos sirven para poco más que animar titulares y tertulias, pero distan de abordar el verdadero problema: un exceso de gasto sobre los ingresos, que puede alcanzar este año 100.000 millones de euros o, expresado de otra manera, alrededor del 10 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB). Cubrir ese desfase requeriría algo más que lo hasta ahora lanzado a modo de globo sonda desde Gobierno & Asociados.

Dado que es palabra de moda, quizás fuese momento de asumir que España sufre una honda crisis fiscal, bien es verdad que camuflada tras los años vividos de prosperidad, cuya única salida está en un replanteamiento a fondo de todo el modelo: es decir, tanto la estructura de ingresos como la que corresponde a los gastos, ambas necesitadas de puesta al día acorde con la realidad.

Comenzando por el modelo de tributación, conviene recordar que acumula más de tres décadas de vigencia y no hace falta remarcar cuánto ha variado en ese período el perfil socioeconómico del país. Eso, por no mencionar la evolución de las modernas teorías hacendísticas, las experiencias constatadas en buena parte del mundo desarrollado, alguna digna de trasposición, o el condicionante que impone la globalidad. Es verdad que los últimos treinta años se han aplicado retoques, pero la esencia permanece y quizás fuera buen momento para emprender un verdadero esfuerzo de modernización.

La otra parte, el gasto, aunque apenas se menciona, reclama todavía más una profunda reconsideración. Cada vez que alguien lo señala surgen réplicas escandalizadas, imputando pretensiones de recortar partidas sociales y quiebra del principio de solidaridad, pero suelen entrañar la falacia de considerar que todo gasto público tiene carácter social. Abundan las evidencias de que en este terreno hay mucho que analizar.

La propia estructura administrativa del Estado, sujeta en las últimas décadas a un profundo, acelerado y muchas veces improvisado proceso descentralizador, merece una reconsideración, sin que ello deba suponer ninguna reversión competencial. Cualquier análisis objetivo revela la existencia de duplicidades, solapamientos y reiteración de organismos, competencias y funciones en los tres niveles y pico en que está estructurado el magma público: central, autonómico y municipal, con el añadido de estadios intermedios como las diputaciones. Entraña, como es imaginable, costes prescindibles en aras de ahorro y eficiencia.

En términos más genéricos, ¿no sería buen momento para valorar si las administraciones públicas, es decir sus responsables, han incurrido también en el error de considerar que el país es más rico de lo que en realidad es? Cualquiera, a la hora de plantearse un gasto o una inversión, ha de considerar, no sólo si es necesario o deseable, sino si está en condiciones de permitírselo. En el ámbito público debería regir lo mismo... ¿o no?

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