viernes 3/12/21

El empresario echa cuentas...

Muchos empresarios manejan una cuenta para ellos clara: por cada semana laboral de trabajo, el empleado genera derecho a casi un día de salario en concepto de indemnización. Una regla que, se mire como se quiera, no admite demasiadas comparaciones con el resto de países del entorno y en la que quizás haya que buscar, si no todo, al menos parte de las razones por las que en España se usa y abusa de la contratación temporal, muchas veces forzando la legalidad.

Aunque semejante cálculo pueda parecer algo grosero, tengan más o menos razón en sus apreciaciones, es innegable que tiene bastante de convicción muy extendida entre los llamados a ser principales proveedores de empleo. Y no suena como lo más sensato negarse a siquiera dialogar y contrastar sobre ello, proclamando que todo lo estipulado es inamovible, como están haciendo los sindicatos, con la anuencia del Gobierno estatal.

La actitud de las centrales sindicales incluso pudiera ser comprensible, caso de no trascender de toma de postura con vistas a una negociación que habrán de acometer, antes o después. Lo es menos, en cambio, el rotundo alineamiento elegido por el Ejecutivo, como si entendiera que su responsabilidad de tutela no alcanza la actividad empresarial.

Yendo al fondo del asunto, será difícil que la economía española varíe su patrón de crecimiento sin el decidido concurso de emprendedores que impulsen la generación de riqueza y ocupación. Si, como tanto insiste el Gobierno, cambiar el modelo productivo es el eje medular de su política para superar la crisis, será necesario, entre otras cosas, un mayor y mejor espíritu de asunción de riesgos de parte empresarial.

Sin llegar a sacralizar sus argumentos, la opinión de los empresarios merecería ser tenida en cuenta, más allá de patrocinar una tendencia apriorística a demonizar cualquier toma de posición. Tampoco es que sus tesis sean perfectas, y todavía menos algunas formas de plantearlas, pero pasar por alto la evidencia de que sólo a ellos corresponde la decisión de contratar y, una vez decidido, elegir una forma u otra de las legalmente disponibles, no parece un ejercicio de realismo ni una táctica adecuada para que la situación del empleo vaya a mejor.

No hay que esperar otra cosa que patronal y sindicatos traten de defender y salvaguardar al máximo sus intereses. En ambos casos, no sólo es legítimo, sino que constituye su obligación. Otra cosa es que el Gobierno esté acertando en su reiterado papel de alinearse más con los unos que con los otros. Sin perjuicio de otras consideraciones, no da la sensación que contribuya a propiciar, no ya el diálogo social por el que tanto apuesta, sino la consecución de unos acuerdos que, siempre convenientes, en esta coyuntura son imprescindibles para que la economía española no entre en terrenos de inquietante mediocridad.

Probablemente, para todos es momento de manifestarse o afirmarse menos y hablar o negociar hasta cansarse... y, acto seguido, continuar.

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