viernes 3/12/21

La basura, según Madrid

Los habitantes de Madrid poco o nada atentos a la actualidad municipal -son presumiblemente mayoría- han recibido con cierta sorpresa, desde primeros de octubre, la notificación de que deben pagar de inmediato la denominada Tasa por prestación del servicio de Gestión de Residuos Urbanos (TRU), una nueva exacción tributaria desde el ayuntamiento. La cuantía, asociada al valor catastral del inmueble, plaza de garaje y demás dependencias gravadas, supone cantidades en general comprendidas entre 60 y 190 euros, al menos para el 2009 en curso.

La iniciativa municipal no ha gustado nada a los madrileños, que han formado varias plataformas y movimientos ciudadanos opuestos al tributo y en número apreciable acudieron el pasado fin de semana a manifestarse ruidosamente en contra en la Puerta del Sol. Habrá que ver el impacto que tiene en la cuidada y hasta ahora -según las encuestas- muy valorada imagen del alcalde Ruiz Gallardón.

Los argumentos de oposición son varios. Para empezar, la presunción de que la antigua tasa de basuras había sido subsumida en la tarifa del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). También, la circunstancia de que una parte de la gestión de los residuos ha sido traspasada a los propios ciudadanos, obligados por normativa a reciclar, separar y clasificar los desechos, tanto individualmente como a través de las comunidades de vecinos.

Al margen de cualquier otra justificación esgrimida desde la corporación capitalina controlada por el Partido Popular (PP), hay que destacar la evidencia del enorme volumen de endeudamiento que pende sobre la ciudad de Madrid: de largo, el más alto de España, con alrededor de 8.000 millones de euros o, lo que viene a ser lo mismo, más de 2.200 euros por habitante. Deuda sobre todo acumulada por las inacabables obras, algunas un tanto faraónicas, que vienen caracterizando la gestión del alcalde popular; de forma destacada, la remodelación de la vía de circunvalación M-30, cuyo coste final ha excedido sobremanera el cálculo inicial... para variar.

De alguna manera, muchos ciudadanos han descubierto que las obras, por lo general muy celebradas, hay que pagarlas y que les corresponde correr con los gastos -¿quién, si no?-, aunque nunca se hable de ello antes o durante la inauguración.

Es posible que la expectativa -ilusión para muchos- de lograr la nominación de Madrid como sede de unos Juegos Olímpicos de Verano actuara a modo de cierto bálsamo, pero el fracaso de la segunda intentona puede haber forzado una brusca toma de conciencia de la realidad. Han emergido incluso algunas críticas por haber presentado dos candidaturas sucesivas, sobre todo por los costes directos que ha comportado la segunda: 27 millones de euros, según estimación oficial.

Claro que también es probable que no hayan sido pocos los que se han sentido aliviados porque el Comité Olímpico Internacional eligiera Río de Janeiro para organizar la cita en 2016. La expectativa de tener que acometer nuevas obras y las previsibles consecuencias tributarias era para preocupar.

Comentarios