viernes 3/12/21

Alivio europeo, pero no tanto

Más de un dirigente comunitario habrá sentido alivio al conocer el triunfo del "sí" en el referéndum irlandés del pasado viernes, 2 de octubre. Que puedan sentir satisfacción es más difícil, porque ni el camino se ha despejado del todo ni la forma en que se ha logrado es para enorgullecerse.

Esto de repetir un referéndum cuando el resultado es contrario tiene cierto aire de componenda poco edificante, sobre todo porque se hace en unos casos, pero no en otros. Irlanda fue instada a volver a convocar la consulta sobre el Tratado de Lisboa, lo que no se pidió a Francia cuando sus ciudadanos rechazaron el proyecto de Constitución. ¿Depende del país?

Conforme a lo establecido, un tratado comunitario no puede entrar en vigor a menos que sea ratificado por todos los socios. En esta ocasión, tras el "no" de los irlandeses, se optó por maquillarlo un poco para dar pie a volver a consultarlos, lo que no deja de ser un poco tramposo, porque está constatado que nadie suele conocer el articulado de lo que se somete a referéndum, ni la primera ni la segunda vez.

Claro que, visto de otro modo, ¿qué sentido tiene que el rechazo de unos pocos millones impida la entrada en vigor de un tratado aceptado por muchos millones más? O, ¿por qué unos ciudadanos tienen la oportunidad de pronunciarse en referéndum, mientras otros no? Y, aún más, ¿en virtud de qué acabará entrando en vigor un texto definitivo, el ratificado ahora en Irlanda, distinto del que anteriormente habían sancionado los demás países?

Las expectativas se centran ahora en que haber superado el escollo irlandés estimule a polacos y checos, cuyos jefes de Estado persisten renuentes a firmar el Tratado de Lisboa, ya aprobado por sus respectivos parlamentos. Y que eso ocurra antes de enero del 2010, no sea que los conservadores británicos venzan en las legislativas y cumplan su promesa de deshacer la ratificación de Reino Unido.

De hecho, las fechas empiezan a contar desde ya. Si se logra ajustar los plazos y el nuevo tratado puede entrar en vigor el 1 de diciembre, la cumbre de cierre de la actual presidencia sueca debería abordar la elección de los nuevos cargos que prevé Lisboa: presidente del Consejo para los siguientes dos años y medio, Alto Representante de Política Exterior y vicepresidente de la Comisión, además de los nuevos comisarios, uno por Estado miembro. Esta hipótesis desluciría sin duda el papel de la presidencia semestral española y más en concreto el del presidente Rodríguez Zapatero, que se vería un tanto eclipsado por el nuevo máximo responsable de la Unión.

Caso de posponer la entrada en vigor de Lisboa al 1 de enero, existen muchas dudas sobre el calendario y todavía más sobre los papeles respectivos de la presidencia semestral -España- y la nueva línea ejecutiva prevista en el tratado, cuya entrada en funciones se ha de producir en el semestre siguiente a la ratificación total, conforme a la resolución aprobada en Estocolmo.

El camino, pues, dista de estar despejado y nadie se atreve siquiera a descartar la posibilidad de que el presidente checo materialice lo que últimamente se ha especulado: posponer su firma del texto... a ver si el resultado de las elecciones británicas le evita tener que pagar el precio de bloquear la reforma institucional.

La verdad es que, aunque no parezca estar previsto, el modelo hace agua por demasiados sitios como para evitar abordar, tarde o temprano, cambios más profundos que los contenidos en el texto bautizado en la capital portuguesa, todavía pendientes de materializar.

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