jueves 6/5/21

Estrella Digital

La memoria de Garzón

Que los hijos y nietos de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo obtengan garantías del Estado para poder localizar y exhumar a sus antepasados no debería ser cuestionado. Salvo que no fuera ésta la única pretensión, al aderezarse con el contexto político y judicial, como lo han hecho Joan Herrera (ICV) y Gaspar Llamazares (IU). La reforma normativa aprobada en el Congreso por el acuerdo entre el PSOE e IU/ICV pretende impulsar un procedimiento administrativo contemplado en la Ley de Memoria Histórica que no satisfizo a las asociaciones de víctimas. Pero sus impulsores no han renunciado a vestirla con un sesgo de penalización.

Joan Herrera, que defiende el carácter de reforma de cuatro artículos de la ley y no la mera normativa como plantea el PSOE, sugiere con su discurso una ruta hacia futuras reclamaciones económicas. No sólo habla de las víctimas, y advierte a los jueces que la reforma “es para que nadie se equivoque… Para que nadie confunda las leyes”. En la misma sesión, Llamazares (IU) contextualiza la medida y dice que el Supremo, que ha procesado a Garzón por presunta prevaricación, “condena a sus jueces al exilio” por su petición de trasladarse al Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya.

Es el resultado de mezclar las cosas. El PP se mostró dispuesto a colaborar en el fin perseguido. La diputada de UPyD, Rosa Díez, se desmarcó del texto por el “contexto”. Le parecía aceptable la propuesta, sin las demás pretensiones.

También la iniciativa de Garzón de pedir este martes al CGPJ su traslado a La Haya por 7 meses (seis meses es el plazo mínimo para esta solicitud) se mezcla con los plazos procesales. Los que tiene entre manos el magistrado Varela, que no se pueden alterar. Y los vencimientos se apuran probablemente… esta semana. Si el juez instructor del Supremo publica en estos días el auto de apertura de juicio contra Garzón, el Pleno del Consejo del día 19 deberá abordar su suspensión, a riesgo de que fuera interpretado como un desquite ante su deseo de partir. Y si, contra todo pronóstico, la tramitación de la petición de Garzón, que prevé un informe del Ministerio de Exteriores y el posterior dictamen del Consejo, fuera veloz, algunos de los jueces que esperan durante meses una respuesta a sus expedientes demandarían al Consejo la misma diligencia.

La defensa de Garzón no es ignorante de estos aspectos y con su petición plantea una encrucijada al CGPJ. Si lograra el permiso para su traslado a La Haya, el magistrado no sería suspendido como juez. Es una nueva papeleta para el CGPJ, que lo hubiera tenido más fácil si la solicitud se hubiera cursado en plazos que no hubieran chocado con los del procedimiento judicial.

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