sábado 27/11/21

Compatriotas

Llevan siete meses en poder de un grupo de Al Qaeda, en un lugar de Mauritania, en el segundo secuestro más largo de esta rama terrorista en el Magreb islámico (AQMI), mientras nuestra vida discurre pacífica, entre las incertidumbres de la crisis y las polémicas políticas. En una confortable democracia. Roque Pascual y Albert Vilalta, dos profesionales cualificados, militantes de la ONG Barcelona Acció Solidaria (BAS), vegetan, respiran, pero no son dueños de su vida.

Llega este martes a Uagadugú (Burkina Faso) el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para firmar la revisión de un acuerdo internacional, pero con la intención de explorar las iniciativas para la liberación de los cooperantes, con el presidente del país, Blaise Compaoré, quien desempeñó un papel clave en la liberación de la cooperante Alicia Gámez, en marzo pasado. El chantaje es claro: los terroristas reclaman la liberación de varios presos presuntamente vinculados a Al Qaeda en Mauritania, y el Gobierno del país rechaza la extorsión que se factura a España. Abdelaziz se negó a excarcelar al supuesto terrorista mauritano Tagui Ould Youssef, como se lo pidió Moratinos recientemente durante su visita a Nuakchot, al parecer relacionado con el argelino Mokhtar Belmokhtar, el jefe del grupo que mantiene en su poder a los dos rehenes catalanes. En la ofensiva diplomática, una red de rivalidades entre Compaoré con el presidente de Malí y entre su consejero mauritano y el presidente Abdelaziz añade más complejidad y angustia a la situación.

¿Qué hacer desde nuestro país? La cautela reclamada por el Gobierno para abordar esta dolorosa circunstancia no ha logrado sus frutos. Cuando menos, se difunde el mensaje de que “se encuentran bien”, es la frase que transmiten las fuentes oficiales para alimentar la esperanza. Moratinos lo reiteró hace unas semanas, tras entrevistarse con el presidente mauritano , Monamel Ould Abdelaziz . Lo mismo había dicho meses antes, el 10 de marzo pasado, su compañera de cautiverio Alicia Gámez, al ser liberada tras 101 días de esclavitud. Aseguró entonces que (a los tres) les habían tratado “bien y con respeto, dentro de las limitaciones propias del desierto”.

Pero el sigilo en el que se ha tratado el gravísimo hecho se ha cobrado su parte en silencio y olvido. Es parte del precio. Inermes, como Estado democrático ante el chantaje terrorista, creíamos que protegíamos las vidas de los cooperantes al abdicar en la denuncia de la situación. Sabemos que el Gobierno multiplica las gestiones, “trabaja todos los días con discreción y responsabilidad” -dice Moratinos-, pero el secuestro continúa. La prudencia, cuando no el miedo a la suerte de los cooperantes, diluyó las protestas, y con ello su propio recuerdo y la exigencia de su libertad. Pero tampoco ello ha propiciado la liberación. Ha pasado el tiempo y ya se ha logrado el récord del secuestro más largo por este grupo, tras el que padeció un matrimonio austriaco desde enero a octubre del 2008.

Su libertad, la que les llevó a alistarse en la cooperación internacional hacia los “países menos favorecidos”, está enclaustrada en el odio de otros. Sus anhelos dependen de un grupo terrorista que sobrepone sus exigencias a la vida ajena. Sus pesares y desesperanzas quedan lejos de nosotros, de nuestra histeria cotidiana. Nuestra democracia se resiente al no haber logrado su libertad.

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