jueves 17.10.2019

No tengo opinión

"Ni la Merkel ni Mariano se me ponen al teléfono" decía Miguel Ángel Revilla en una de sus tertulias, la misma, creo, en la que en el polémico juez Elpidio aseguraba que los ataques que él sufría no eran contra su persona sino "un aviso contra el poder judicial: ojo con lo que hacéis jueces, porque lo que le pasa a Elpidio te puede pasar a ti". La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid había confirmado que los correos del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa son "irrelevantes" para la causa abierta contra el juez Elpidio José Silva por delitos de prevaricación y contra la libertad individual, entre otros. La ministra portavoz del Gobierno francés trasladaba su "honda inquietud" por la nueva Ley sobre la interrupción del embarazo del Gobierno Español. ¿Por dónde empezar? Porque en las teclas del ordenador -antes tintero- se quedan un millón de asuntos más que dignos de una reflexión. Sobre casi todos tengo una opinión -que no la verdad- salvo en un caso que es, precisamente, sobre el que quisiera fijarme hoy.

Al margen de la carta de la ministra portavoz francesa, una joven política a la que alguien debería advertir que no está muy bien visto en la UE que un Gobierno se meta en asuntos de otro cuando no le compete en absoluto, lo cierto es que el debate sobre el aborto se abre -otra vez- en España desde el punto de vista político lo cual no deja de ser un problema para todos porque nunca se podrá llegar a una solución consensuada como queda demostrado en esta reforma de Gallardón que no le gusta más que a Gallardón y que ofende a la izquierda tanto como a la derecha más tradicional y, naturalmente, a los grupos pro-vida y a la Iglesia Católica.

Antes he dicho que sobre este asunto no tenía opinión y no sólo me refería a una opinión objetiva que pudiera exponer -con la pequeña responsabilidad que eso conlleva- desde un medio de comunicación como éste. Es que, realmente -y lo digo con la mayor humildad- no tengo nada claro porque creo que la decisión de interrumpir un embarazo con plazos o sin plazos, con riesgo físico o psicológico para la mujer, me resulta imposible juzgar desde fuera y, tal vez por vivencias propias, también desde dentro; resulta muy difícil tomar posiciones desde principios morales, éticos y hasta científicos porque la duda que se planeta desde el inicio es una confrontación de derechos entra la libertad de la mujer y la del nasciturus, es decir entre dos derechos que imposibles de defender a la vez cuando entran en conflicto. La respuesta sólo la podría dar la ciencia y ni la ciencia puede ser categórica ni se pone de acuerdo sobre cuándo ese óvulo fecundado es "persona", potencialmente persona, sujeto y objeto de derechos.

El problema es que, pese a todo, hay que legislar porque es una realidad de la que no se puede huir o dejar un vacío legal.

Creo que con la Ley del 85, aprobada por el TC, hubiera sido suficiente pero Zapatero se empeñó en llegar más allá con la ley de plazos que a la vez que evitaba un cierto coladero, abría la mano por otro lado. El PP recurrió al Constitucional entonces y lo que no parece de recibo es que este Gobierno, en lugar de esperar la decisión de ese recurso y luego ya veremos, se adelante con prisa para cumplir una promesa electoral después de haber incumplido todas las otras. No lo entiendo.

Y como tampoco -insisto- tengo nada claro el tema y me reconozco lleno de contradicciones y dudas, no pienso escribir ni debatir sobre el asunto. Reconocerlo abiertamente me parece lo más digno que puedo hacer, lo único coherente si de verdad quiero ser coherente. Y ya sólo aspiro a eso.

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