La nueva reforma del sistema de pensiones acometida por el Gobierno de coalición PSOE-Podemos, con el ministro Escrivá a la cabeza y tras el visto bueno por parte de la Comisión Europea, ha sido todo un terremoto social. No es para menos, puesto que se puede tener la legítima sensación de que esta reforma es un expolio para los trabajadores, y que se trata de un grave problema al que tendremos que hacer frente, especialmente los más jóvenes por el simple hecho de querer favorecer a 9 millones de jubilados con gran capacidad de decisión en las futuras elecciones.
La Reforma
El pilar fundamental donde se sostiene la reforma de las pensiones es el siguiente: aumento de los ingresos sin recortes del gasto público. Analizaremos los puntos más destacados de la reforma mediante el informe realizado por FEDEA. Este informe ya nos avisa desde el principio, donde reconoce que el “déficit básico del sistema ya es significativo en la actualidad, y aumentará rápidamente durante las próximas décadas, lo que exigirá cuantiosas y crecientes aportaciones de recursos generales (impuestos o deuda) que podrían dejar poco margen para otras prioridades”. Analizaremos las medidas más destacadas de la reforma.
- Creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que incrementa la cotización de todos los trabajadores pasando de un 0,6% (0,5% a cargo de la empresa y el resto, del trabajador) hasta llegar al 1,2% en 2029 (1% el empresario y 0,2% el trabajador). Se mantendrá hasta 2050 y representa por un lado una barrera al empleo puesto que encarece la contratación laboral, y por otro, mengua la renta disponible para el trabajador, pudiendo ambas desembocar en una caída del empleo y por ende de la recaudación. Además, se impone una “cuota de solidaridad” para los trabajadores que cobren más de 54.000 € anuales, es decir una cuota adicional de un punto, que irá subiendo en 0,25 puntos hasta llegar a 6 % en 2045, pero sin subir la pensión máxima. Con ello, podría llegar a tipos marginales efectivos del 66-68%. Es posible que esto desencadene una fuga de talentos, la pérdida de capital humano, de trabajadores muy cualificados; con el consiguiente perjuicio para el tejido productivo español.
- Aumento de las pensiones no contributivas hasta llegar al 75% de la renta media de los hogares monoparentales y de las pensiones mínimas contributivas hasta el 60% de la renta media de los hogares. Según FEDEA, supondrá un gasto inasumible, desincentivando el trabajo e incentivando la economía sumergida. Asimismo, se amplía el período de cálculo de la pensión a una horquilla entre 25 y 29 años, quitando los 2 años peores de cotización en este último caso. Así, se da la opción de alargarlo a 29 años si el trabajador estima que le conviene más eliminando los dos peores años de cálculo. Esto no favorece la sostenibilidad del sistema, dado que el trabajador elegirá lo que le es más beneficioso. No existirá ahorro en esta medida, pudiendo por el contrario incrementarse el gasto.
- “Destope” progresivo de la cotizaciones sociales, en un aumento del 1,5% + IPC para sueldos superiores a 54.000€. La pensión máxima también aumentará, pero a ritmo de un 0,115 puntos. Esta medida espantó a la patronal de la negociación, pues rompe el principio de contributividad (la relación entre el esfuerzo aportado en cuotas y el salario diferido cobrado en forma de prestación pública). Para los trabajadores que estén entre los 60.000 y los 80.000 €; en 2050 el tipo marginal efectivo de gravamen sobre el coste laboral total será de un 60%. Traducido, se trata de una subida de impuestos encubierta, pues estos trabajadores contribuirán más de lo que se recibirán cuando se jubilen. Asimismo, se aplicará un mecanismo automático para aumentar las cotizaciones si la AIREF determina que existe un desequilibrio financiero, sin que sea necesaria la aprobación en las Cortes.
- Modificación sobre las prestaciones más bajas del sistema, que subirán en 1 o 2 puntos + IPC, rozando en el 2027 una pensión de 1.200 mensuales.
Esto nos aboca a un futuro sombrío. Las medidas no parecen suficientes para garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones. Según FEDEA, es probable que exista un déficit financiero en las cuentas públicas de 4,5 puntos sobre el PIB en torno al 2050. Esto se hace a costa de los trabajadores, pues el aumento de la cotización implica un menor salario neto recibido. Seamos realistas, sin recortes sólo hay 2 soluciones: financiar el futuro gasto con impuestos, o con deuda pública.
Un sistema de dudosa sostenibilidad
Nuestro sistema de pensiones es un sistema de reparto: la generación actual financia vía cotizaciones la pensión a los jubilados actuales. Se rige por el principio de “solidaridad intergeneracional”. Sin embargo, aun con sus ventajas, es fácil alertar de los problemas estructurales de este sistema en nuestro país.
Como vemos en el gráfico de la pirámide poblacional, la generación del Baby Boom está a puertas de la jubilación. Cuando eso suceda, el sector más bajo de la pirámide tendrá que hacer frente a las pensiones de un porcentaje de la población mayor que ella. La baja natalidad, la mayor esperanza de vida y la incapacidad para retener talento nos aboca a que, para 2050 según el Banco de España, habrá 1,5 personas en edad de trabajar por cada pensionista.
Gráficamente, la diferencia entre ingresos y gastos presupuestarios es muy palpable. El Estado no ingresa lo suficiente como para hacer frente a sus obligaciones. Tras la nueva reforma de las pensiones comentada anteriormente, esta diferencia irá creciendo rápidamente.
No obstante, el colectivo de pensionistas es un activo muy importante cuando llegan las elecciones. Tal es el caso, que tanto los partidos de izquierdas como de derechas durante la campaña electoral, prometen beneficios a pensionistas a cambio de su voto. Este problema de elección pública obliga a los gobiernos de turno a favorecer a este colectivo en detrimento del resto de la población. Esta es la razón por la que no se plantea políticamente un recorte de las pensiones aún siendo quizás aconsejable. El resultado: subir impuestos o aumentar la deuda, políticas nada inocuas especialmente para los jóvenes, que en última instancia deberemos hacernos cargo de estas decisiones.
Como observamos en el gráfico, la gran partida del gasto público corresponde a las pensiones. Se suele decir comúnmente que nuestros impuestos son para sanidad y educación. Siento deciros que no, son para mantener el sistema de pensiones.
Esta situación parece difícilmente reversible. Y cada vez nos enfrentamos ante mayores dificultades, puesto que las reformas ahondan más en el problema en vez de plantear una solución realista. Sólo un aumento significativo de la natalidad, o de la inmigración, podría dar oxígeno a un sistema que parece ahogarse año tras año.
Alegato de un joven inconformista
Lo cierto es que para todos aquellos jóvenes que como yo, hemos contemplado durante nuestra infancia y adolescencia las dificultades a las que se ha enfrentado este país con las crisis económicas, y que ahora, cuando muchos de nosotros estamos iniciándonos en el mercado laboral con todas los desafíos que últimamente conlleva, este tipo de reformas nos presentan un futuro desolador.
Parece que el pacto intergeneracional que sostiene un sistema de pensiones de reparto, se resquebraja. Los jóvenes somos la parte de la sociedad actual más frágil. Los datos son claros: existen cada vez más dificultades para acceder al mercado laboral, donde los menores de 30 años cobran un salario medio menor que hace una década. El acceso a la vivienda es cada vez más complicado, un 83% de jóvenes no puede emanciparse. A esto último se le suma que la alternativa es el alquiler, donde el incremento considerable de la demanda de alquiler en las grandes ciudades (donde se concentran las mejores oportunidades laborales para los jóvenes) ha generado un incremento de los precios por la escasez de oferta de vivienda, lo que impide incluso alquilar algo de forma individual y obliga a compartir piso.
La reforma de las pensiones es la gota que colma el vaso. Porque a pesar de la retórica para apartar el foco por parte de los promotores, las pensiones no serán pagadas por los más ricos. La mitad de las futuras pensiones correrá a cargo de todos los trabajadores (a través del MEI). Y ello sin olvidar el mecanismo automático de subida de la cotización. Un mecanismo que en definitiva implicará que realmente la subida de las pensiones no será solo de 1,2%, será mayor puesto que con las cuentas en la mesa, el déficit presupuestario seguirá existiendo, que es la condición para esa actualización automática.
Como exigiría Ortega, los jóvenes necesitamos unos dirigentes a la altura de los tiempos. No se debería dirigir la política económica sólo para ganar votos. Se debería atacar los problemas estructurales que encontramos en el camino, que repercutiría a su vez en una mejora de la productividad y el empleo, y el saneamiento de las cuentas públicas, indispensable para el buen funcionamiento del sistema de pensiones. En definitiva, necesitamos unos dirigentes que sí sepan lo que hacen y no que se muevan por mero electoralismo.