“Queremos dar a la provisión de vivienda un rango de servicio público. La regulación de patrimonios públicos de vivienda impedirá su enajenación a personas jurídicas con ánimo de lucro que no respeten su función social”. Este párrafo, contra lo que pueda suponer el lector no es parte de un discurso de los años cincuenta del pasado siglo, del sempiterno ministro de la Vivienda José Luis Arrese, sino un párrafo de un artículo del ministro socialdemócrata José Luis Ábalos Meco, publicado hace unos días en un diario. El artículo se llama Hacia un pacto de Estado por el derecho a una vivienda digna. Hay un blog en esta misma página en el que doy mi opinión sobre los llamados pactos de Estado.
Decíamos en un artículo anterior que las lecciones extraídas de la crisis iniciada en 2008 se han entendido, mal que bien. En lo que de peculiar tuvo esa crisis en España, la burbuja inmobiliaria, sin embargo, parece que no se ha acabado de entender. Al menos, por el ministro del ramo, que inicia su artículo con una afirmación sorprendente (para él): “El mercado no garantiza a todos los españoles por igual el derecho constitucional a acceder a una vivienda digna”.
Para empezar, el ministro debe conocer que el inmobiliario no es un mercado, en la medida que los vicios que arrastra no le hacen acreedor a este título. Los problemas de la vivienda en España empiezan mucho antes de que se construya una casa. Empiezan en una intervención, siempre arbitraria, muchas veces corrompida, del suelo disponible. Las sucesivas leyes del suelo siempre han tenido como objetivo dosificar la disponibilidad de suelo.
Luego sigue la confección de los planes de urbanismo por los municipios y el tira y afloja que supone hacer que una rayita en un plano se sitúe unos centímetros más allá o más acá. De ello depende que unos terrenos se conviertan en solares y hagan ricos a sus dueños o sigan siendo un trigal. Puro arbitrio. Para más inri, intervienen las comunidades autónomas con un poder decisorio, con lo que la persuasión pasa de seducir a un concejal de urbanismo y un alcalde a seducir a un consejero y un presidente autónomos. España tiene, si no he olvidado los datos de la escuela, 540.000 kilómetros cuadrados, de los que están edificados apenas un cinco por ciento. Y dicen que el suelo es caro, porque no hay suelo.
La repercusión del precio del suelo en el precio final de la vivienda, si exceptuamos localizaciones muy concretas, es el primer factor de diferenciación de los precios entre la vivienda libre (libre, ¿entienden?) y la vivienda de promoción pública. Curiosamente, el ministro Ábalos, no escribe ni una sola vez en su artículo la palabra suelo. Quiere empezar, a lo que se ve, su plan de vivienda por el tejado. Y para un ejercicio semejante, lo primero que se le ocurre es intervenir en lo que él y otros llaman mercado.
Cuando habla del precio de los alquileres (que es de lo que se duele hoy el ciudadano), el señor Ábalos se marca la prioridad de incrementar la oferta disponible de vivienda en alquiler porque ha constatado (¡sorpresa!) que “en los países donde el mercado (¿?) de vivienda pública tiene mayor peso es más fácil ajustar los precios”. Se le ha olvidado decir que el señor alcalde, el señor consejero o el señor ministro, según la titularidad, deciden cuál es el precio. Otro luminoso hallazgo, “ cuando el parque total de vivienda recae en la promoción privada, son más frecuentes los desajustes de precios”.
No me extiendo más. El PSOE ha dado un gran paso ideológico, de las zapatillas para buscar piso de aquella simpática ministra a convertir la provisión de vivienda en un insondable mangoneo, que se empeñan en llamar mercado inmobiliario.
Thomas