Sir Ivan Rogers, representante permanente del Reino Unido ante la Comisión Europea, se ha despedido de sus empleados de una forma ejemplar.
En su carta ha dicho que los funcionarios deben decir la verdad a los que están en el poder, deben trabajar por el bien de su país, sin cortapisas, con profesionalismo y estudiando a fondo los problemas, observando las reglas de la negociación, y sin claudicar por la ideología o por dorarle la píldora a los que mandan. El funcionario debe ser auténtico, tenaz, objetivo, preparado y leal.
Las verdades son incómodas y al Foreign Office, a Whitehall, no le gustaba lo que Sir Rogers les contaba en sus informes. Se había convertido en un estorbo. El Brexit no puede ser una pataleta, la difícil transición había que hacerla bien, insistía.
El precio que ha pagado este diplomático por su neutralidad, su lealtad y su profesionalismo ha sido la dimisión.
Esto nos trae a una reflexión muy necesaria en España. La función pública debe estar separada de la política, los funcionarios, que como ciudadanos tienen sus ideas y que votan, en su trabajo han de ser imparciales y leales. Los altos funcionarios deben ser nombrados no por su adhesión a un partido sino por su solvencia. Está claro que debe haber confianza entre el político y el alto funcionario, pero eso no significa obediencia ciega ni tener el mismo carnet político porque esa receta conduciría rápidamente a traspasar la línea de la prevaricación (como se ha demostrado en tantos ayuntamientos y Comunidades) .
Como antiguo funcionario del Estado, fui observando cómo todos los directores generales, hasta los subdirectores, eran nombrados sobre todo por las afinidades ideológicas. En las Comunidades Autónomas esto ha sido siempre la regla irrompible. Los casos de los EREs y de Pujol, entre otros, ilustran bien los riesgos de esa cooptación política. No se puede disentir ni en privado, es el ordeno y mando y el callar ante las fundadas sospechas de corrupción; si no, el cese o la dimisión.
Paradójicamente, ha sido la democracia la que ha ido permitiendo que los altos funcionarios se tengan que identificar con el partido en el poder. Felipe González efectuó una gran limpia por temor a tener franquistas, incluso adelantando drásticamente la edad de jubilación. Luego también el PP y todos los partidos nacionalistas han ido nombrando desde 1981 a sus altos responsables administrativos con un filtro político, ideológico.
No estaría de más que en el Estado español y, sobre todo en las Autonomías, se respetase el principio de mérito y capacidad, como está dicho en la Constitución. Pero no es así y los altos cargos, incluidos los embajadores, son designados primero, por su adhesión política y, secundariamente, por sus cualidades profesionales.
Jaime-Axel Ruiz Baudrihaye