Desde muchos ayuntamientos y concejalías se está propagando el menosprecio y la desconfianza hacia las Fuerzas de Seguridad del Estado. Al parecer, para ciertos cargos elegidos, el orden público es de derechas, y sus agentes son incluso fascistas, como ha llegado a decir un concejal de un importante ayuntamiento. Que eso lo piense un ciudadano normal no es de recibo. Pero que un cargo elegido lo manifieste públicamente roza la ilegalidad y la prevaricación.
El izquierdismo, esa enfermedad infantil del comunismo que denunció Lenin (que no era precisamente 'buenista') denigra sistemáticamente a la policía, sospecha de ella, pone en duda su profesionalidad, la destituye, en suma.
Evidentemente, los policías deben estar sometidos a la ley, como todo el mundo y más por ser funcionarios. Pero ponerlos constantemente en solfa, invertir la carga de la prueba (si actúan con energía se presume que son culpables, en contra de la presunción de inocencia establecida en el artículo 24.2 de la Constitución), lo único que conseguirá es desmoralizarlos como Cuerpo y que sean menos eficaces, dejen hacer y miren para otro lado cuando pase algo. Lo que muchos policías norteamericanos, sometidos a una sistemática desmoralización como Cuerpo, están empezando a divulgar como “stay fetal”, no hacer nada.
Este odio a la policía y, de paso, a todas las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil (a Alberto Garzón ya se le calentó la boca hace unos meses), viene quizá de la inmadurez democrática y de una especie de sentimiento rousseauniano del feliz salvaje. No creo que venga de los años del franquismo pues quienes acusan a la policía de todos los males nacieron después de 1975.
Seamos celosos de nuestras libertades, pero sabiendo que apedrear, quemar, lanzar cócteles molotov o vivir de subsidios cobardes, como los que daba el anterior alcalde de Barcelona, no está entre los derechos protegidos. Estamos en democracia, no en la Argentina de Videla (ni, por cierto, en la Venezuela chavista).
El umbral de tolerancia no debe ser traspasado y el derecho a castigar no puede ser obviado. Existe la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, cuyo cumplimiento corresponde al poder ejecutivo y, en concreto, a la policía. Eso es Estado de Derecho y así deben respetarlo las autoridades municipales. Si un agente se extralimita, usa de innecesaria crueldad o violencia, que se le castigue, pero incriminar a todas las Fuerzas de Seguridad del Estado va, sencillamente, contra el Estado de Derecho. Administrar la policía y el orden público requiere confianza, liderazgo, entrega e ideas, no latiguillos ni insultos.
La policía, por su parte, debe consolidar la confianza, andar por las calles, hablar con los vecinos, no solamente quedarse en los despachos o ir aislados en sus coches patrulla, desde los que es muy difícil enterarse de algo.
Jaime-Axel Ruiz Baudrihaye